Por Rodolfo Civitarese (*)
Al grito de “Que se vayan todos”, la clase política inició el camino cuesta abajo de su descrédito público.
En lo que algunos califican como una verdadera revolución del voto, ese lema quitó del escenario a la Unión Cívica Radial, al Frepaso, al Menemismo, al Cavallismo. Quedaron aún vigentes el aparato bonaerense del Partido Justicialista y el conglomerado de los diversos peronismos (cuasi – feudales) distribuidos por el interior del país.
Kirchner, conocedor del manejo de ese humor social intentó mostrarse, desde el comienzo de su gestión, como un outsider de la política tradicional, viéndose beneficiado tanto por la distancia existente entre Buenos Aires y Santa Cruz, como por el desconocimiento de su persona.
De haberse centrado la atención en la realidad que marcó su paso como Intendente primero y como Gobernador de su provincia después, muy distinta hubiera sido la apreciación del futuro gobierno en sus manos.
Así fue que abrazó, como ejes diferenciadores de la política tradicional, el camino de los transversales y una pseudo ideología recostada sobre la izquierda. Sin embargo, armó su gabinete y su estrategia de gobierno con figuras del entorno de los ex presidentes Menem y Duhalde.
Hoy, con su vuelta al pago peronista por estrictas cuestiones electorales, estalló frente a sus narices la cuestión de los sobresueldos. El detonante llegó de la mano de la única persona detenida bajo acusaciones delictivas (¿por presuntas razones de conducta política?) durante la década de los noventa: María Julia Alsogaray, casualmente ni peronista ni radical. Ella, desde la soledad de su lugar de detención, ha provocado un verdadero terremoto en las huestes de la corporación política.
Ex Presidentes, ex ministros, ex funcionarios, legisladores y hasta jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salieron a hablar de su pasado, con distintas versiones y argumentos. No se ha visto y escuchado con similar claridad y contundencia a los funcionarios de ayer, que hoy lo siguen siendo.
Más allá de los dimes y diretes que tanta palabrería ha vertido en las radios, y de los ríos de tinta gastados en las redacciones de diarios y revistas en estos últimos días, hay una verdad subyacente.
La sociedad esta harta de tanta mentira, está saturada del comportamiento hipócrita y corporativo de la mayoría de los integrantes de la clase política. Clase que no importa a que partido político pertenezca, ni que función cumpla dentro de la estructura del Estado, pues tanto si es legislador o Juez, actúa a espaldas de quien dice representar, velar o proteger.
La legitimidad para justificar la entrega de esos sobresueldos surge, aparentemente, de una ley secreta de la época del gobierno militar de Juan Carlos Onganía. Este argumento es insuficiente como explicación para un pueblo herido en su confianza hacia el sistema institucional del país.
¿Que razones pueden dar quienes por hacer un servicio a la nación con su trabajo, además del pago declarado, cobraron y todo indicaría que aún cobran sobresueldos no declarados, cuyos importes provienen del esfuerzo colectivo de todos los habitantes, que el Estado colecta coercitivamente por medio de los Impuestos?
¿Cómo justificar que mientras se realizaba el proceso de pesificación asimétrica que confiscó los ahorros producto del esfuerzo y el trabajo de cientos de miles de personas, se realizaban pagos encubiertos a los políticos de entonces, teñidos por el color negro de su origen?
¿Cómo explicar que mientras el poder adquisitivo de la gente descendió a casi la mitad de su valor, quienes aún hoy se dicen “salvadores de la patria” multiplicaban de manera espuria varias veces sus ingresos?
¿Quién les explica a un jubilado, a una maestra de escuela, a un agente de seguridad, a un empleado (formal o informal), a un jornalero, quienes a duras penas subsisten y día a día descienden más y más en su escala social, que mientras ellos luchan por sobrevivir los privilegiados del poder político utilizan los dineros públicos sin control, sin declarar montos y mucho menos su destino?
¿Quién podrá negar que semejantes montos ocultos no son usados para pagar costosas campañas electorales, o comprar voluntades, con la finalidad de perpetuarse en el poder?
El 14 de octubre de 2001, en las elecciones legislativas, el pueblo marcó el comienzo del fin de la tolerancia hacia estas inconductas de los partidos políticos. El personaje de Caloi, Clemente, recibió numerosos votos de la ciudadanía, además de los depositados a nombre de “José Feta de Salame”.
A fines de ese año, la Alianza, aquella fuerza política que naciera para desterrar la corrupción en el gobierno, se tuvo que ir del poder. Los hechos de corrupción interna (la famosa Banelco entre otros), el desmanejo, el corralito y el corralón, las fuerzas de choque oriundas de la provincia de Buenos Aires, sumadas al humor de la población, fueron los detonantes para su salida anticipada.
Ante tanto escándalo, la prudencia, la paciencia y la esperanza del pueblo abrió un compás de espera. Un generoso espacio para que la clase dirigente se pusiera a la altura de las circunstancias.
Lamentablemente la cuestión de los sobresueldos reflotó ese mal humor y agregó una cuota mayor de resignación donde la mentira, el fraude, la hipocresía de la gran mayoría de los integrantes de la clase política, pone nuevamente en tela de juicio el valor de la democracia vigente.
¿Qué hacer para recuperar y proteger nuestras instituciones democráticas y republicanas?
De la mano de la paz, de la tolerancia, pero fundamentalmente a partir de la Constitución Nacional, imperativamente debemos, nosotros los ciudadanos, construir una salida.
Ella será posible con nueva clase dirigente, con otros partidos y con nuevos paradigmas que rescaten los valores perdidos de una sociedad que reclama a gritos un cambio.
No hay que pedir que crezcan peras de una lechuga. Plantemos perales.
No le pidamos a esta clase dirigente que se comporte como la sociedad reclama y merece.
Es la sociedad la que debe tomar el toro por las astas, y exigir un nuevo espacio, con aires renovados y sin los vicios del clientelismo político, sin el manejo espurio de cajas secretas, y con un único programa de gobierno que es el que fija nuestra Carta Magna; que consagra los derechos individuales, la propiedad privada, la libertad y la división de los poderes.
Darse cuenta que ello es posible es el primer gran paso. El resto es esfuerzo, sacrificio y una visión compartida del destino que merecemos como nación. Sólo hay que tener en claro el objetivo y, para no perderlo de vista, repetir aquella frase del genio del Siglo XX que fuera Albert Einstein: “quien busca resultados distintos, debe dejar de hacer siempre lo mismo”.
(*)Analista Político. Abogado Universidad Católica Argentina. Postgrado en Especialización de Management Ambiental UCA. Miembro de la Fundación Atlas 1853. Participante de la International Visitor Program of United States Information Agency.
