El movimiento campesino y su postura frente a la ley “antiterrorista”

Las críticas a la Ley Antiterrorista sancionada a pedido del gobierno nacional siguen creciendo. Luego de que el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni la calificara como un “disparate” es ahora el MOCASE quien se pronuncia contra esta ley que avanza en la criminalización de la protesta social.

Las críticas a la Ley Antiterrorista sancionada a pedido del gobierno nacional siguen creciendo. Luego de que el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni la calificara como un “disparate” es ahora el MOCASE quien se pronuncia contra esta ley que avanza en la criminalización de la protesta social.

MOCASE

Sobre los heridos y asesinados en el campo:Se profundiza el modelo de agronegocios y sus contradicciones

Crisis Estructural del capitalismo, agotadas las falsas soluciones se agudizan las contradicciones, el progreso liberal agota su tiempo sin cumplir sus promesas. No hace falta ser filosofo para comprenderlo, basta mirar con atención y escuchar al corazón.

Argentina: el agronegocio y su modelo de extracción y muerte no mira ni siente, en su naturaleza capitalista, solo existe la posibilidad de acumular, acumulación y concentración en base a la explotación de los pueblos, al saqueo de sus riquezas y a la eliminación de todo adversario. (incluso de aquellos capitalistas “menos capaces”). Las enormes masas de capital especulativo disponibles y la tecnología al servicio del capital aceleran este proceso de muerte.

A la concentración de la tierra, la contaminación de los alimentos con agro tóxicos, al precio elevado de los alimentos por usarlos como combustibles, el trabajo esclavo, al hambre por la prioridad de los mercados externos, al monopolio de la comercialización de alimentos, se le suman las muertes, las amenazas, los baleados, las empresas se apropian de la tierra por medio de violencia armada contra los campesinos indígenas que nos oponemos al “progreso” que nos ofrecen.

Asesinaron a Cristian, ahora balearon a dos campesinos, antes mataron a otras y otros, los jueces cómplices, aliados del ruralismo. La lucha hizo renunciar a uno, pero cuantos quedan.

El agronegocio muestra su fuerza y hegemonía, y en este marco de obviedad de su perversidad, logra que se apruebe la “ley Anti Terrorista”. La ley sera un festín para los jueces, que sin motivos nos encarcelan por usurpadores, cuando llevamos mas de 50 años en la tierra, ahora seremos Terroristas cada vez que defendamos nuestra vida. Esta ley nos demuestra que a pesar de la UNASUR, de la esperanzadora CELAC, muy a pesar , no somos soberanos. Porque para estar en el G20 hay que aprobar leyes contra el terrorismo, que en realidad son contra los pueblos.

¿Y para que queremos estar en el G20? . Pues para defender al agronegocio, porque las potencias del G8 hoy necesitan regular los precios de los comodities.

El gobernador de Santiago del Estero aplica su ofensiva (contra los campesinos), sus punteros han salido con todo a amenazar, a intentar sobornar, descalificar, pero ademas, en Monte Quemado golpearon a compañeros del MOCASE.VC .

También, Zamora, mediante un “memo institucional” excluye de todos los festivales folclóricos a Raly Barrionuevo, Claudio Acosta, Juan Savedra, músicos populares comprometidos con los sueños y luchas del campesinado. El gobierno de Zamora le rescindió el contrato a dos médicos que son militantes del MOCASE.VC . El gobierno de Zamora responde al Agronegocio.

Es que nada tiene que ver la declaración de la CELAC con esto. Es su otra cara. CELAC, será soberanía de los pueblos , será justicia social, será libertad, solo cuando nos liberemos de las transnacionales. No hay posibilidad de soberanía con ellas definiendo nuestro desarrollo.

El G20 intenta legitimar las decisiones del G8, en un momento de crisis, pero su existencia misma atenta contra la legitimidad de Naciones Unidas, en la cual participan la mayoría de los países del mundo, todos con un voto, sin condicionamientos. No hay ventajas para el pueblo argentino obtenidas en las reuniones del G20. El G20 conspira contra la CELAC.

En este proceso también debemos afinar nuestra definición de lo nacional, desde lo popular. No podemos pensar que los Blaquier, Grobocopatel, los Rocca, o la mesa de enlace tienen intereses en el desarrollo nacional con “ inclusión y justicia social”, seria volver a cometer viejos errores. Son y serán traidores a la patria, y no hay modelo nacional y popular que pueda contenerlos.

Por eso no podemos sostener un modelo que para desarrollar políticas sociales deba hipotecar los bienes naturales y amontonar al pueblo en villas, para que la tierra y los bienes naturales sean explotados por esa “siempre ficticia burguesía nacional” junto con las transnacionales que generan “progreso” .

Es necesario sostener el valor de los salarios por encima de la canasta básica, pero además hay una enorme masa de trabajadoras y trabajadores que están fuera de la economía formal y la discusión paritaria. Trabajadores precarizados, desocupados, de fabricas recuperadas, cooperativas, campesinos y agricultores familiares. Todos estos sectores somos sujetos económicos y las políticas deben ir enfocadas a fortalecer y desarrollar la economía social y popular.

Es hora de que los recursos para las políticas sociales salgan de las enormes ganancias de empresas de la “burguesía nacional”. Es hora de que la tierra cumpla su función social: para brindarnos un hábitat digno, para brindarnos la posibilidad de trabajar y producir alimentos y materias primas para cubrir las necesidades populares, y abastecer nuestra industria.

El estado debe apuntalar y fortalecer la economía popular, las cooperativas, las pymes, las empresas estatales.

Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente, abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular.

La ley contra la extranjerización de la Tierra y el nuevo estatuto del peón de campo son herramientas que mitigaran algunos de los embates del agronegocio contra los pueblos rurales. Pero no detendrán su proceso de concentración y acumulación.

La ley contra los desalojos campesinos espera por ser tratada, y nos movilizaremos para que sea aprobada

La ley de radio difusión y la ley de democratización del Papel prensa son avances históricos en la construcción de la libertad de prensa y la democracia, esperamos que la lucha campesina tenga su voz legitima en todos los medios sin censuras ni recortes. También es urgente otorgar las licencias a las radios comunitarias y fortalecerlas con financiamiento y publicidad oficial.

Nosotras y nosotros vamos a profundizar nuestra lucha en los territorios, vamos a intensificar la movilización en las ciudades y pueblos, vamos a ampliar nuestros lazos con todos los sectores que estén dispuestos a debatir y a luchar por la liberación de nuestro pueblo argentino y latinoamericano, por la soberanía alimentaria por la justicia social.

Somos Tierra para alimentar a los pueblos

Movimiento Nacional Campesino Indígena

CLOC – Vía Campesina

¡Globalicemos la lucha , globalicemos la la esperanza!

 

Vía Blog del MOCASE VC




 

 


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La Corte Suprema y Santa Cruz

La actual conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en gran medida corresponde a designaciones realizadas después del 2003. El gobierno de Néstor Kirchner nominó a juristas prestigiosos que reemplazaron a los amigos de Carlos Menem. Además, firmó un decreto de autolimitación que, desde ese momento, fijó un mecanismo de designación transparente y que somete a los candidatos al alto tribunal a un proceso de impugnación previa de avanzada.

Sobre el enfrentamiento entre el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, el Poder Ejecutivo, el ex presidente Kirchner y la Corte Suprema de Justicia está escalando cada día más. Un artículo muy interesante de Reynaldo Sietecase que comparte totalmente.

Corte Suprema

La actual conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en gran medida corresponde a designaciones realizadas después del 2003. El gobierno de Néstor Kirchner nominó a juristas prestigiosos que reemplazaron a los amigos de Carlos Menem. Además, firmó un decreto de autolimitación que, desde ese momento, fijó un mecanismo de designación transparente y que somete a los candidatos al alto tribunal a un proceso de impugnación previa de avanzada.

A pesar de que ese proceso es uno de los aciertos institucionales más contundentes de los últimos años, en la última semana el gobierno -a través de Aníbal Fernández- salió a cuestionar el fallo de la Corte que intima al gobierno de Santa Cruz a reponer al ex procurador Sosa en su cargo. La Corte no sólo denunció al gobernador Daniel Peralta ante la justicia sino que le dio participación al Congreso.

Desde entonces hay cuatro proyectos de intervención limitada a la provincia para reponer al fiscal desplazado por NK en 1995 cuando gobernaba la provincia. En lugar de acatar el fallo -que por otro lado, es inapelable- el Jefe de Gabinete habló de un intento desestabilizador de la Corte y Peralta dijo “quieren invadir Santa Cruz”.

Patético.

El gobierno imita a la oposición: la Corte es buena cuando falla a favor y mala cuando falla en contra. Basta recordar cómo la oposición y los grandes grupos mediáticos cuestionaron a la Corte cuando ratificó la vigencia de la Ley de Medios (por 7 votos a 0) cuando no se cansaban de alabarla.