Artículo publicado en “Ambiente y Medio” el newsletter de Sergio Federovisky.
La sensación de que la ley de bosques –aprobada hace ya más de un año- es una entelequia avanza cada vez más conforme se retrasa su reglamentación y se confirma que los desmontes siguen vigentes aprovechando esa debilidad normativa. La asunción de Homero Bibiloni en la Secretaría de Medio Ambiente brindó la oportunidad para rediscutir el porqué del retraso en la reglamentación, suponiendo que era la inoperancia de su antecesora, Romina Picolotti, lo que determinaba la tardanza. Pero la presunción de que son motivos más políticos que incapacidad de gestión lo que determina que la ley no se reglamente crece cada minuto, más cuando se conoce que gobernadores como Juan Manuel Urtubey, de Salta, que hicieron campaña prometiendo detener la tala, son hoy los más fervientes impulsores de más desmontes aprovechándose del hueco que deja la no reglamentación de la ley de bosques.
Ante el vacío legal y el avance de las topadoras, una docena de caciques de la comunidad wichi presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema para intentar frenar los desmontes en cuatro departamentos de Salta, que representan más de un tercio de la superficie provincial (155 mil kilómetros). Sus abogados presentaron un amparo y una medida cautelar. En la demanda, afirman que los desmontes son “inconstitucionales” y que van a causar un “gravísimo daño” a las comunidades indígenas de la región. Por eso, reclaman la nulidad de las autorizaciones que otorgó el Gobierno provincial y responsabilizan al Estado nacional por la situación actual.
“Además de la nulidad de las autorizaciones, buscamos que se recomponga y se restablezca el ambiente al estado anterior o que se indemnice a las personas afectadas en caso de que aquello sea imposible”, dijo el abogado Raúl Gustavo Ferreyra, quien representa a los indígenas junto a Alicia Oliveira.
La presentación, que cuenta con el apoyo del obispo de Orán, Jorge Rubén Lugones, denuncia que durante el último trimestre del año pasado, previo a la sanción de la ley de Bosques Nativos (en noviembre de 2007), hubo “un abrupto incremento de las audiencias públicas (son obligatorias para más de 300 hectáreas)”. Además, destaca que entre 2004 y 2007 hubo 211 pedidos de autorización para desmontes -que apuntan a la expansión de la frontera agropecuaria- de los cuales 195 fueron aprobados.
Por ese motivo, la medida cautelar intenta frenar los desmontes masivos tanto en tierras privadas como fiscales de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria que ya fueron aprobados pero que aún no se llevaron a cabo. “El paso del tiempo puede provocar que un fallo llegue tarde y resulte prácticamente inoperable, por agotamiento o grave degradación del bosque nativo”, explica la demanda, de 50 carillas.
No es el primer juicio por la tala de árboles en el Chaco salteño. De hecho, hay varias causas que ya llegaron a la Corte luego de transitar distintas instancias judiciales locales. La demanda que llegó al máximo tribunal, no obstante, es la primera que busca ingresar por la instancia originaria de la Corte (de manera directa). Si eso ocurre, podría haber una audiencia pública para discutir el problema, según adelantaron los abogados.
Simultáneamente, Greenpeace –la única de las ONGs que movilizaron hace un año el petitorio que obtuvo un millón de firmas para que los senadores votaran la ley de Bosques que sigue exigiendo públicamente que se reglamente la norma- volvió a reclamar ante el jefe de gabinete Sergio Massa, a quien hacen responsable de la incomprensible demora en la promulgación del decreto reglamentario. La organización ecologista denunció que el gobierno tiene intenciones de reabrir la discusión de la reglamentación con las provincias más comprometidas con la deforestación.
Desmintiendo la versión deslizada por Bibiloni en el sentido de que el retraso por la reglamentación era debido al incumplimiento de la ex secretaria de Medio Ambiente, Greenpeace aseguró que “el borrador de la reglamentación está listo para ser firmado desde julio. El año pasado la demora en la sanción de la Ley de Bosques facilitó que se aprobaran especulativamente muchos desmontes para evitar la moratoria que dicta la norma. La falta de reglamentación debilitará su plena aplicación y generará muchos desmontes más”. Según Greenpeace, el borrador de la reglamentación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley de Bosques) fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, específicamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo del jefe de Gabinete Sergio Massa, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía. La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
La Ley establece un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
“La mayoría de las provincias han avanzado en la realización del Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y están terminando este proceso, cumpliendo con lo que establece la Ley de Bosques, ahora falta que la Nación cumpla su parte y firme el decreto reglamentario. Sin la reglamentación no van a estar los fondos y se debilitará la aplicación de la ley. Es muy preocupante que a un año de que un millón y medio de argentinos impulsaron con sus firmas la sanción de la ley, no haya sido reglamentada. La responsabilidad es del Jefe de Gabinete, quien debe asegurar que el decreto salga antes de fin de año”, afirmó Hernán Giardini, de Greenpeace.
“Lo que se puede ver claramente con las primeras declaraciones del nuevo Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, es que se quiere volver atrás con la reglamentación y ponerla a consideración nuevamente de la provincias, especialmente de aquellas más comprometidas con la deforestación”, explicó Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace Argentina. “Si esto ocurre, será un caso similar al la Ley de Glaciares, donde se buscará que sean las provincias más depredadoras las que impongan la política ambiental nacional.”
