Mi amigo Hernán Giardini publicó una nota analizando la actuación del actual gobierno en relación al medio ambiente en medio de la salida de Romina Piccolotti de la Secretarìa de medio ambiente.
La renuncia-despido de Romina Picolotti de la Secretaría de Ambiente, la demora en el saneamiento del Riachuelo, el “desencanto” con la Asamblea de Gualeguachú, la falta de reglamentación de la Ley de Bosques, el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares y el fomento a la minería a cielo abierto, son sólo algunos de los varios ejemplos de que el gobierno no tiene política ambiental.
Las últimas medidas gubernamentales están poniendo al descubierto que el gobierno K no cuenta con una política ambiental seria, y que las eventuales medidas tendientes a proteger el medio ambiente que toma responden más a las presiones de la sociedad civil que a un plan de utilización racional de los recursos naturales.
Un claro ejemplo de esto es la reciente renuncia-despido de Romina Picolotti de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que, según dejaron trascender los Kirchner, se debió a que estaban “desilusionados con su desempeño”, y la culpabilizaron por la falta de reglamentación de la Ley de Bosques y la demora en la demora en el saneamiento del Riachuelo.
En cuanto a esto último, en su página de Internet, la Secretaría de Ambiente afirma haber realizado 3.668 inspecciones, 983 relevamientos, 530 sanciones, 591 medidas preventivas, y 102 clausuras preventivas en la cuenca Matanza – Riachuelo, una de la más contaminadas del mundo.
Sin embargo, salvo el cierre de algunas industrias menores, está claro que no se tomaron medidas serias que tiendan a sanear la contaminación ni a frenarla, como por ejemplo, la urgente erradicación del polo petroquímico de Dock Sud que, además de contaminar el río, afecta directamente a los vecinos de Villa Inflamable.
Pero, más allá de la investigación periodística sobre supuestos manejos irregulares en su área y de su capacidad como Secretaria de Ambiente, suena ridículo que desde el Gobierno y algunos medios le estén echando todo el fardo a Picolotti por la falta de resolución de varios temas ambientales.
¿Acaso un funcionario de segunda línea toma decisiones sin consultarlo con su superior? ¿Acaso tomará este funcionario decisiones que afectan grandes intereses económicos sin el respaldo político del presidente o la presidenta?
Cabe recordar que fue el renunciado Jefe de Gabinete Alberto Fernández quien la llevó en julio de 2006 al Gobierno luego de que su nombre cobrara notoriedad como abogada de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú que rechazaban la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos.
Lo cierto es que el nombramiento de Picolotti pareció más una maniobra tendiente a controlar a los exaltados asambleístas que la firme decisión de que “el medio ambiente sea una política de Estado”, como declaró a los gritos Néstor Kirchner en un multitudinario acto en Gualeguaychú del que participaron casi todos los gobernadores del país.
Ahora que la instalación de Botnia es un hecho, y que la Asamblea ya no cuenta con el aval del influyente diario Clarín (que desde hace un año se dedica sistemáticamente a criticarles que mantengan el puente que nos une con Uruguay cortado), es posible que la salida de Picolotti vaya de la mano de un endurecimiento en la política oficial hacia los asambleístas, sobre todo luego de que trascendiera una supuesta promesa de Cristina a su colega Tabaré Vázquez de ordenar el desalojo de esa vía.
Otro ejemplo de la ausencia de política ambiental es la falta de reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques.
La norma, impulsada por el diputado Miguel Bonasso, fue sancionada el 28 de noviembre del año pasado tras una campaña liderada por Greenpeace, de la que participaron más de treinta organizaciones sociales, que logró juntar un millón y medio de firmas. La ley sancionada, que fuera también apoyada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
La ley además establece un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para repartir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, mejorar los controles, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
Lo cierto es que el borrador de la reglamentación ha sido realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, específicamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Sergio Massa, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
Mientras la mayoría de las provincias han avanzado en la realización del Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y están terminando este proceso, cumpliendo con lo que establece la Ley de Bosques, ahora falta que la Nación cumpla su parte y firme el decreto reglamentario. Sin la reglamentación no van a estar los fondos y se debilitará la aplicación de la ley, generando más deforestación.
Recordemos que nuestro país se encuentra en emergencia forestal: ya perdimos el 70 % de los bosques nativos originales, y por año se desmontan cerca de 300.000 hectáreas. ¿La principal razón? El avance de la soja.
Qué paradoja: el mismo gobierno que quiso aumentar las retenciones a las exportaciones “para detener la sojización” no reglamenta una norma que, de aplicarse bien, puede hacerlo.
Y por si esto fuera poco, llegó el insólito veto presidencial a la Ley de protección de los Glaciares.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial fue impusada por la diputada Marta Maffei y tiene como objetivo la protección de los mismos, de los cursos de agua que surgen de éstos y del área de alta montaña con suelos congelados.
El proyecto fue promovido por organizaciones ambientalistas el año pasado, teniendo en cuenta que la mayor parte de los glaciares andinos están retrocediendo a ambos lados de la Cordillera de los Andes como consecuencia del Calentamiento Global. En forma simultánea, se promovió una iniciativa de ley similar, en el hermano país trasandino de Chile.
La norma, que pasó casi en silencio por ambas Cámaras y fue aprobada por la mayoría de los legisladores oficialistas, prohíbe la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de arquitectura e infraestructura (inmobiliaria, turismo), la exploración y explotación minera y petrolífera, y el desarrollo de actividades industriales. Además, crea un Inventario Nacional de Glaciares con el fin de estudiar su retroceso y los efectos del Cambio Climático en nuestro país, y establece la necesidad de realizar Estudios de Impacto Ambiental antes de realizar obras que puedan afectarlos.
A pesar de esto, la presidenta decidió vetarla porque, según el decreto 1837/08 (ya conocido como “el decreto Barrick Gold”): “Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias.”
Y, por si quedaba alguna duda de los motivos que llevaron a la presidenta a contradecir el mandato de sus propios legisladores, el decreto afirma que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente.”
Como vemos, a los Kirchner se les va corriendo su maquillaje verde.
La presentación de un pre proyecto para la discusión de una nueva Ley de Radiodifusión abre un panorama esperanzador para reemplazar la legislación existente sancionada por la dictadura.
