Categoría: Política

Un paso hacia la democratización de la comunicación.

Felicitaciones.

Comparto con uds un texto que me envió el doctor Roberto Amenta.

Es un artículo escrito por Raúl Degrossi, director general de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Sta. Fe y autor del libro “Nuevo Diccionario Político Argentino”

• Se puede criticar al gobierno, a la presidenta, a los funcionarios, a los jueces, a los empresarios, a los sindicalistas y hasta al Papa, porque eso es libertad de expresión.

  No se puede cuestionar un artículo, una nota, un editorial, a un periodista o la orientación de un medio de comunicación, porque eso es censura.

• Se puede mostrar a personas desnudas en el cine, en teatro, en televisión e Internet, aunque sean de menores de edad y esté penado por las leyes, o vaya en contra de sus derechos.

  No se puede mostrar el rostro del principal ejecutivo del Grupo Clarín, porque eso es un ataque a la libertad de prensa, abusando de una persona enferma.

• Se puede conocer el patrimonio de los funcionarios públicos, desde la Presidenta para abajo, accediendo por Internet a sus declaraciones juradas.

  No se puede conocer en detalle quienes son los verdaderos propietarios de algunos medios de comunicación, o cuanto ganan mensualmente algunos periodistas estrella de la radio y la televisión que pontifican sobre la honestidad, la ética y la transparencia.

• Se puede conocer en cuanto se han enriquecido los funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones, analizar si lo han hecho en forma ilícita a partir de sus ingresos declarados, y hasta llevarlos a juicio si se presume que lo han hecho en forma ilícita

  No se puede saber a ciencia cierta cuánto dinero facturan los grandes grupos económicos que dominan el negocio de la comunicación, si pagan regularmente los (pocos) impuestos que les corresponden, y si han declarado al fisco todos sus activos en el exterior.

• Se puede echar sombra sobre la honestidad de los legisladores que votan de un determinado modo en el Congreso, si el sentido de su voto (aunque haya sido negativo) favorece la sanción de una iniciativa promovida por el gobierno.

  No se puede ni siquiera dudar en público o por escrito de los motivos que convencieron a los legisladores de votar la ley de protección de empresas culturales, que salvó de la quiebra a un connotado grupo de multimedios, o a un presidente de disponer por decreto la pesificación de deudas en dólares que licuó los pasivos de ése mismo grupo.

• Se puede conocer en detalle la lista de los periodistas perseguidos, secuestrados, torturados, desaparecidos o muertos por la última dictadura militar.

  No se puede conocer la lista de los periodistas que durante años obtuvieron el beneficio de gozar de jugosos sobresueldos pagados con fondos reservados de la SIDE, para elogiar al gobierno de turno, u ocultar sus errores y corruptelas.

• Se puede intentar la búsqueda de la verdad histórica y la justicia por los horrores de la dictadura, venciendo todo tipo de obstáculos, y permitir que más de cien chicos conozcan su verdadera identidad.

  No se puede saber a ciencia cierta si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son o no hijos de desaparecidos ilegítimamente apropiados.

• Se puede conocer hasta el más mínimo detalle de las quejas y reclamos al gobierno de la Mesa de Enlace, la UIA, la Unión Industrial, los bancos o cualquier otro grupo de presión, incluso hasta de origen sindical según quien sea el que lo formule, porque son legítimas demandas de la sociedad.

  No se puede saber en qué condiciones trabajan los empleados de los medios de comunicación, si sus patrones respetan las leyes laborales, si han sido justamente despedidos cuando lo son, si se les pagan las indemnizaciones o se les otorgan aumentos de sueldo o los reclaman, porque ninguna información sobre eso circula en los medios de comunicación.

• Se pueden invocar todos los pactos y tratados internacionales de derechos humanos para defender nuestros derechos, incorporarlos a la Constitución Nacional para darles más valor y, en base a ellos, derribar las leyes que construyeron un muro de impunidad para los crímenes de la dictadura.

  No se puede aplicar, invocar, legislar ni reglamentar el derecho de réplica que esos mismos pactos consagran, porque es considerado atentatorio de la libertad de expresión.

• Se puede investigar a fondo cómo una empresa, un negocio o un servicio son privatizados o concedidos, o vuelven a la órbita del Estado, quienes y en que condiciones los compraron o vendieron, cuanto pagaron o les pagaron por hacerlo.

  No se puede saber con detalle en que condiciones los dos principales diarios del país obtuvieron de la dictadura el control monopólico de la mayor proveedora de papel para impresión del país, y en que condiciones lo venden al resto de los diarios aprovechando esa condición dominante.

• Se pueden utilizar los medios para insultar, agredir, descalificar, injuriar, mentir, ocultar, extorsionar, operar para obtener una medida del gobierno o para impedirla, todo claro está adornado con el bello nombre de la libertad de prensa.

  No se puede usar la palabra Clarín en un blog.

• Se puede cuestionar, discutir, debatir y poner en tela de juicio todas y cada una de las decisiones de éste gobierno y de todos los anteriores y los que lo sucederán, criticando su oportunidad, su acierto, sus intenciones, sus contenidos y sus resultados.

  No se puede discutir, en democracia y por el Congreso, una ley que reglamente el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual, porque es un intento despótico de controlar al periodismo independiente.

Viendo todo lo que se puede y lo que no se puede hacer me pregunto: ¿por qué razón siguen llamando al periodismo, la prensa o los medios de comunicación “el cuarto poder”?

¿Cuáles son los otros tres que están por encima de ellos?

Uno de los periodistas que más admiro es Javier Romero.

Javier, es el director de El Diario de Morón. Es el tipo que me dió la posibilidad de mi primer laburo en periodismo. En ese diario, que cada día crece más y que ya cumplió 20 años de trabajo, aprendí que ser independiente y ético es posible. Que se puede hacer periodismo en serio. En esa redacción ví discusiones basadas en ver que notas eran las más interesantes, cuales eran las que más fuerza tenían. Se pensaba como “descubrir la verdad”. Fue una gran experiencia empezar mi formación viendo que las tapas se decidían siguiendo esa búsqueda y no pensando en los beneficios económicos de un posible apriete mediático. En otros caminos periodísticos que recorrí después no encontré lo mismo.

Javier es un buen tipo que conozco hace casi 10 años. Y sigue laburando con la misma fuerza y el mismo coraje.

Para quienes no hayan leído “Vale Todo”, su biografia sobre Daniel Hadad, les recomiendo que lo hagan para entender un poco como se llegó al actual esquema de medios de comunicación.

Hace unos días, Javier publicó en su blog un artículo en referencia a la nueva ley de medios que está tratándose en el Congreso.

Comparto con uds la nota, y los invitó, como ya lo hice en otras ocasiones a seguir los escritos de Javier Romero.

No bajé ayer de Marte. No nací de un repollo ni de una probeta. Empecé mi secundaria en un barrio del conurbano en marzo del 76, casi en paralelo con el golpe genocida. En el 82, Alcoyana, Alcoyana, comencé la colimba al mismo tiempo que un general borracho le declaraba la guerra a Inglaterra por las Malvinas. Allí también masacraron a mi generación.

Me ilusioné con Alfonsín en el 83. Me desilusioné con la economía de guerra contra la población y de paz con el poder económico del 85. Peor cuando lo escuché calificar a quienes estaquearon a mis compañeros en las islas como “Héroes de Malvinas”. Y más aún cuando indultó al resto de los asesinos del proceso.

Por entonces busqué en los medios la expresión de mi bronca. Me costó horrores. Sólo había un puñado de excepciones. La mayoría de los medios se había acostumbrado a obedecer, primero a los milicos, negociando silencio manchado de sangre por más jugosos negocios y después al poder económico y a la Embajada, como se conoce en la Argentina a la representación diplomática de los Estados Unidos.

Acompañé entonces, de cerca, el nacimiento y desarrollo de medios comunitarios y alternativos. Medios truchos, fueron enseguida bautizados. Los grandes medios fueron de nuevo feroces y, a medida que crecían en audiencia e influencia, fueron perseguidos y atacados.

Había que correr con los equipos de trasmisión de un lado al otro.

Me decidí entonces a acompañar esas voces con un medio escrito. Así nacía El diario de Morón. Otra coincidencia, justo en el 89, casi en paralelo con Carlos Menem, por entonces con patillas y lejos del gran entregador de los 90.

Los grandes medios, como el resto de la economía se concentraron como nunca antes. Cinco medios, sentados alrededor de una paqueta mesa, y en muchos casos asociados a pooles extranjeros, decidían entonces qué debíamos saber o conocer el resto de los argentinos. Tenían medios escritos y llegaban con sus tentáculos al 80% de la audiencia de radios y televisión de nuestro país.

Encima, de la mano de un escandaloso acuerdo con la AFA, tenían también en sus manos el monopolio del deporte más popular de nuestro país, el fútbol. Fueron entonces, por los pequeños canales de cable del interior.

La maniobra funcionó más o menos así: llegaban a una ciudad, por ejemplo Mar del Plata. Montaban un canal de cable. Dejaban de venderle el fútbol al pequeño operador de Cable Color. El Grupo, entonces le ofrecía a los mismos abonados de Cable Color la señal al mismo precio, pero con fútbol. El pequeño canal con su noticiero propio y con varios programas locales a cuesta, se fundía y cerraba. El Grupo se quedaba con todo, y entonces el precio subía. Capitalismo salvaje. Capitalismo en su máxima pureza.

Así, sólo ese Grupo, que además tiene diarios, revistas, libros, radios, canales de TV, sitios de internet, entre otras pequeñeces, se quedó con el 60% del cable de la Argentina.

Ahogadas la mayoría de las radios comunitarias con el apoyo de las autoridades, después de cerrar cientos de señales locales de televisión, decidió ir también por los pequeños diarios locales. Y lanzó el Clarín Zonal. La política, entonces, no fue distinta: avisos debajo del costo, aprovechamiento de la imagen de marca gracias a la monopolización de la audiencia y la mirada entre venal y asustadiza de enfrentarse con el monstruo de los medios, de parte de los poderes de turno. Resultado cantado: cientos de pequeños diarios vecinales cerrados y el resto empobrecido. El derecho a la información, bien gracias.

Alfonsín los toleró, Menem los fortaleció, De la Rúa los obedeció, Duhalde les hizo una ley a medida y Néstor los toreó y les permitió una fusión vergonzosa. Pero este mes, todo cambió. Primero la desmonopolización del fútbol, y ahora el envío de una nueva ley de comunicación, fruto de la discusión de 1.200 organizaciones sociales.
Otra coincidencia. El mismo día, pero de hace 20 años, nacía El diario de Morón. Lo tomo como un regalo de cumpleaños. Gracias.

Javier Romero
Director El Diario de Morón

Además les dejo un video con una recopilación de opiniones que suman a este debate.

Jorge Lanata

Victor Hugo Morales

Juan Pablo Varsky

Diego Capussotto

Federica Pais

Comparto con uds dos artículos de Jorge Muracciole y Ricardo Forster sobre el proyecto para la Nueva Ley de Radiodifusión.

Memoria social y ley de medios

La historia contemporánea es rica en diversidad de proyectos que supieron conectar con las necesidades de las grandes mayorías en un momento histórico. En general, estos proyectos dieron a luz o comenzaron a gestarse ante una profunda crisis de hegemonía de los sectores dominantes y una deslegitimación ideológica del ideario que disciplinaba a los más diversos sectores subalternos en cada sociedad.

Diciembre de 2001 en el caso argentino fue una oportunidad histórica para la gestación de un proyecto que tuviera en cuenta a las grandes mayorías perjudicadas por el integrismo neoliberal instalado por décadas. La crisis de la convertibilidad como modelo de país estalló, y demostró el flagrante desatino de pensar una sociedad donde su reproducción social esté ligada a la destrucción de las fuerzas productivas. La alucinación de un país “moderno”, como un país sin chimeneas, fue un despropósito fundante que expulsó a millones de argentinos de sus puestos de trabajo, con el discurso privatista como bandera. La venta de las joyas de la abuela y de las empresas estratégicas en materia de energía, recursos naturales, transportes y comunicaciones, permitieron perpetuar por casi una década una fantasía económica, naturalizada en el imaginario de grandes sectores de las capas medias, que disfrutaron de esos servicios a precio dólar en el famoso uno a uno.

Luego lo tristemente conocido, las rebajas salariales, el congelamiento de los haberes jubilatorios, el crecimiento exponencial de la desocupación y un país hiperdependiente a los avatares de las crisis financieras recurrentes, que llevaron a un cuello de botella que terminó con el corralón, el corralito y sus consecuencias económicas, sociales y políticas. La única virtud que tuvo la crisis fue su carácter transversal; la extensión de los afectados fue tan amplia, que dio origen a un nivel de novilización en el verano del 2001- 2002 impensado tan sólo un año antes. Todos deberíamos recordar la debacle de la convertibilidad para definir con más claridad qué proyecto de país es el que queremos.

En la crisis del 2001 se expresó el hartazgo de millones de argentinos a una década de especulación, negociados y exclusión. Fueron días de bronca e impotencia, momento en que se hablaba de déficit cero, y el riesgo país. Mientras tanto el futuro de todos se decidía en cada viaje que el superministro Domingo Cavallo realizaba a Washington o Nueva York. La convertibilidad escondía una profunda devaluación social, que nos sumergía en un uno a uno perpetuo de atomización.

El 19 de diciembre vimos a través de las pantallas de la realidad televisiva, decenas de saqueos a supermercados del Gran Buenos Aires. Todo se encaminaba hacia el discurso legitimador del estado de sitio, del gobierno de De la Rúa, pero el sonido atronador de las cacerolas inundó de humanidad las principales arterias porteñas y dio –esa noche– lugar a lo imprevisible. Luego de la caída del gobierno de la Alianza, la crisis política no daba respiro y se sucedían los presidentes semana a semana. El “que se vayan todos” fue la consigna durante todo el verano y pese a los malos augurios de los gurúes del neoliberalismo que pronosticaban un dólar a 15 pesos, se llegó a las elecciones del 2003, con los partidos tradicionales profundamente debilitados y fragmentados. A tal punto que con un 23% de los sufragios, el espanto al pasado de la inmensa mayoría de la sociedad hizo imposible un ballottage al pasado menemista.

Ese sentido común, saturado de neoliberalismo, fue la argamasa social que posibilitó el proceso abierto en el 2003, y que instaló en la escena nacional al kirchnerismo, con la profunda debilidad de ser tan sólo una ínfima fracción de uno de los partidos tradicionalmente mayoritarios.
El concepto de transversalidad y la apuesta a una Argentina progresista, plural y con memoria del pasado, fue la que permitió retomar la tarea pendiente en materia de derechos humanos e intentar navegar, durante los primeros cuatro años del gobierno k, en un mar de intereses contradictorios que el viento de cola en materia de demanda internacional de productos primarios permitió un trayecto con escasas turbulencias. Pero la historia volvió a mostrar su naturaleza paradojal, y las razones por las cuales fue posible el desarrollo del proyecto k, fueron las mismas causas que afectaron el interior de su bloque social que le daba sustento. Las perspectivas de crecimientos sin límites de los precios de la oleaginosa estrella –la soja– fue el detonante de una puja –meses antes– impensada. Y se constituyó de tal forma que al modificarse alteró toda la ecuación social del gobierno kirchnerista.

Hoy, a año y medio de dicho punto de inflexión nos encontramos ante la necesidad de debatir, ante la ruptura de ese bloque, cuál es el proyecto de país que queremos la mayoría de los argentinos. Y esa batalla no puede darse con la profunda asimetría existente en materia comunicacional, heredada de la Argentina dictatorial y preservada por veinte años de democracia formal, de ese consenso ecuménico, entre el stablishment y los partidos mayoritarios, de alternancia parlamentaria para no cambiar las profundas raíces de iniquidad de las estructuras económicas y sociales, que perpetúan la desigualdad entre los grupos económicos y la inmensa mayoría de los que viven de su trabajo.

De ahí que la batalla por la democratización que se sintetiza en la nueva ley de medios audiovisuales, que se debatirá en el Parlamento, y de las modificaciones en lo concerniente a la desmonopolización y distribución entre las fuerzas de la sociedad civil como cooperativas, sindicatos y universidades, de la posesión de los medios de comunicación de masas, sea la madre de todas las batallas.

Poder debatir en igualdad de condiciones implica que los medios de comunicación –herramienta fundamental para dotar de sentido los hechos de la realidad cotidiana tanto en materia económica, política y social– tendrán que dejar de estar en manos de grandes grupos monopólicos que representan intereses económicos y sociales infinitamente minoritarios.

Jorge Muracciole
Sociólogo docente Fac. de C. Sociales UBA

El carrusel argentino y el debate por la ley de medios

El carrusel argentino sigue dando vueltas y, cada tanto, se detiene esperando que quien tuvo la suerte de sacar la sortija la devuelva para que siga girando y girando mientras los que van dentro buscan afanosamente hacerse con el premio. El 28 de junio eran muchas, diversas, pero fácilmente reconocibles las voces que expresaban su certeza de ser los tocadas, ahora sí, por la magia de la calesita y de su sortija. Se anunciaba a viva voz que aquello inaugurado en mayo del 2003 se cerraba inexorablemente, que los tiempos estaban cumplidos y que desde ese día poselectoral se trataría, casi exclusivamente, de preparar todo para una transición ordenada hacia el 2011.

Mientras esa alianza variopinta y algo impresentable comenzaba a disputar quién se quedaba con el premio; mientras los “periodistas independientes”, esos que siempre hacen fe de objetividad informativa y de virtuosismo republicano, pero que nunca se atreven a poner en discusión la estructura de poder que se esconde en el entramado corporativo-monopólico de las empresas mediáticas que contratan sus servicios, nos explicaban de mil maneras la felicidad que sentían por el fin del kirchnerismo; mientras los dueños de la tierra volvían a disfrutar de un déjà vu que los depositaba en la Argentina del Primer Centenario y no dejaban de mostrarse como los emergentes victoriosos de unas elecciones a las que ellos contribuyeron con su mística campestre y su vocación patriótica; mientras otras corporaciones económicas, en especial las que reúnen a los grandes empresarios, se sentían nuevamente habilitados para descargar toda la batería de su ideología neoliberal.

Mientras muchas de estas cosas sucedían, lo que imprevistamente aconteció fue, de nuevo, el horror de los horrores: el gobierno de Cristina Fernández, lejos de mostrar las inequívocas señales de la retirada, ordenada o desordenada, prolija o desprolija, en el 2011 o antes, regresó sobre su incuestionable vocación de actuar políticamente, de tomar el toro por las astas, y se dedicó, para desconcierto de todos esos anticipados ganadores del premio mayor, a colocar en el corazón de la vida argentina una serie de notables medidas que no han dejado de sacudir y de conmover el escenario contemporáneo.

Inició ese itinerario sorprendente con la decisión de viajar a Honduras en apoyo al gobierno democrático de Zelaya (y no dejaría de asumir un rol protagónico en las semanas sucesivas y en el memorable debate que la Unasur llevó a cabo en Bariloche para discutir el asentamiento de nuevas bases militares norteamericanas en Colombia); continuó con el diálogo político al mismo tiempo que lograba por amplia mayoría prorrogar los poderes especiales.

En el ínterin, todos aquellos que iban en el carrusel comenzaron a mirarse entre espantados, sorprendidos y confundidos. ¿Qué estaba pasando? Acaso no habían ganado las elecciones, acaso no estaba decretado el certificado de defunción de un gobierno populista y confrontativo.

Mareados contemplaron, ahora sí sin red de contención, de qué modo el fútbol, núcleo clave de la cultura cotidiana de los argentinos, ya no sería el objeto de un negocio espectacular de la corporación mediática, sino que sería distribuido democráticamente por la televisión pública a todos los hogares del país.

Casi como al descuido, y viniendo de otro poder, la Corte Suprema se despachó con la legalización del consumo personal e íntimo de la marihuana y otras yerbas, acercándose a un viejo reclamo del propio Poder Ejecutivo y logrando espantar, como era lógico, a la caterva conservadora-ultramontana que salió a manifestar su oposición absoluta y a denunciar la complicidad de los jueces de la Corte con el narco.

Todas las alarmas se encendieron pero la confusión era completa, asfixiante. No podían ponerse de acuerdo, todos hablaban a la vez y no lograban consolidar nada en común. Reutemann, el candidato soñado desde las entrañas del consevadurismo duhaldista, entraba, de nuevo, en su laberinto inextricable y oscuro; Macri tenía que deshacerse, por el efecto de una amplia movilización de diversos sectores sociales, políticos y derechos humanos, del “Fino” Palacios mientras De Narváez ensayaba, con su escaso vocabulario político y sus frases minúsculas, la defensa de la libertad de expresión ante la avanzada, ¡cuidado!, del chavismo; el Grupo Clarín profundizaba su metamorfosis hasta ofrecerse, a la opinión pública, como una desesperada empresa en vías de perder sus extraordinarios privilegios y sus fabulosas ganancias; Grondona y Morales Solá, desde las páginas de La Nación, emitían amargas quejas ante tanta ineptitud opositora y el empresario Daniel Vila vomitaba todo su odio y su resentimiento.

Pero el fútbol estaba anticipando aquello que hoy conmueve profundamente a todos aquellos que desde los albores de la recuperación democrática vienen bregando por una nueva ley de radiodifusión. Lo que venía siendo eternamente postergado, lo que encallaba ante la presión y el chantaje de la corporación mediática, aquello que nos recordaba, como si fuera un insulto, que entre nosotros persistía todavía la dictadura, encontró, desde el Poder Ejecutivo, pero en consonancia con años de acción militante de infinidad de organizaciones y personalidades que lucharon por la democratización de la comunicación, el camino, ahora sí, hacia el Congreso de la Nación.

La entrada, la semana pasada, del proyecto de ley de servicios audiovisuales supone, estimado lector, un acontecimiento histórico de enorme magnitud y no sólo por su relevancia en la esfera de la comunicación y la información, sino porque habilita un extraordinario debate que atraviesa de lado a lado la vida de los argentinos. Todo se está y se seguirá discutiendo: la significación de los lenguajes audiovisuales en la trama de nuestra cotidianidad; la relación entre democracia y corporaciones económicas; lo público y lo privado, el mercado y la cultura; el poder y sus modalidades; la libertad de expresión, los monopolios y el rol de las empresas mediáticas; los distintos modos de la distribución tanto de la riqueza material como de la cultural-simbólica. Algo de inusual importancia se ha liberado en el presente nacional; algo que supone abrir los múltiples tonos de un debate fundacional y decisivo.

No se trata, entonces, de un problema entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Se trata de algo mucho más sustancial y decisivo, se trata de la democracia, de su calidad, de su diversidad y de su multiplicidad. Se trata de abrir espacios para que aquellos que no suelen tenerlos puedan manifestarse. Voces y más voces para ampliar la democracia y la participación. Pero se trata, también, de enfrentar la naturalización neoliberal que nos hizo creer que el mundo de la comunicación y de la información se correspondía con la única forma viable en la época del capitalismo especulativo-financiero: el mercado y sus leyes, el mercado y sus beneficios. Este giro inesperado supone abrir las compuertas para liberar los lenguajes de la comunicación de su encorsetamiento privatista y rentabilístico; supone buscar otros vínculos entre lo público y lo privado.

Lejos entonces de la pasividad y mucho más lejos de aceptar que su hora ya está cumplida, el Gobierno ha doblado la apuesta y ha colocado en el corazón de la democracia argentina la posibilidad de recrearla en un sentido más genuino y decisivo liberándola del peso asfixiante que todavía significa la persistencia de una ley heredada de la noche dictatorial. Nada más y nada menos. Y mientras tanto el desconcierto reina entre los que creían haberse sacado la sortija.

Ricardo Forster

Miguel Jorquera, un excelente periodista y ex compañero en El Diario de Morón, escribió esta nota explicando lo que pasó ayer con la Ley de Radiodifusión al tratarse en varias comisiones.

Y un día arrancó. Después de casi veintiséis años de democracia, el Congreso empezó a debatir ayer el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplazaría a la ley de Radiodifusión dictada por la última dictadura militar.

El plenario de las comisiones legislativas de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados escuchó, realizó preguntas y propuso modificaciones sobre la iniciativa al titular del Comfer, Gabriel Mariotto, que se comprometió a “explorar” las propuestas para “hacer la mejor ley”.

El martes próximo comenzará una seguidilla de audiencias públicas “sin restricciones”, que en principio abarcaría hasta el jueves, aunque podrían extenderse aún más. El núcleo duro de la oposición al proyecto –el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO, el peronismo disidente y el cobismo– se abroqueló detrás de la propuesta de la Comisión de Libertad de Expresión, que preside la radical Silvana Giúdici, de extender las audiencias públicas a siete regiones del interior del país y amenazó con retirarse del debate si no se cumplía su exigencia. Ahora, la oposición ya piensa en convocar a audiencias paralelas, en pos de su objetivo de estirar todo lo posible el tratamiento del proyecto en el recinto.

Fue una extenuante jornada marcada por los vaivenes políticos en las más de ocho horas de discusión. Poco después de las seis y media de la tarde, el kirchnerismo y sus aliados más fieles se impusieron en una votación nominal del plenario, que convocó al inicio de las audiencias públicas a partir del martes próximo y que también están pautadas para miércoles y jueves. El viernes 11 por la mañana volverá a reunirse el plenario de comisiones para definir cómo continuará el recorrido parlamentario del proyecto por la Cámara baja.

Algunos legisladores kirchneristas especulaban que el viernes que viene ya podrían emitir dictamen de mayoría. Otros, en cambio, auguran que antes sería mejor repasar el porotómetro: “No somos suicidas. Vamos a bajar al recinto sólo cuando tengamos los votos”, precisaron a Página/12.

Los miembros de la conducción de la bancada oficialista ya están abocados, junto a técnicos del Comfer, a realizar modificaciones para darle mayor precisión al texto del proyecto e introducir algunos cambios en los temas más cuestionados por opositores y aliados: las características y composición de la autoridad de aplicación, ponerle límites al ingreso de las telefónicas al negocio de los medios de comunicación y modificar el artículo 40 sobre la revisión cada dos años de las licencias.

Estos reclamos unifican a todo el arco opositor. Pero también a algunos oficialistas y aliados que impulsan la ley: una lista que abarca a los peronistas chubutenses –como lo expresó en el plenario Juan Pais–, los radicales K y los bloques de centroizquierda que incluye a Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Libres del Sur y Miguel Bonasso.

Antes, el propio Mariotto fue quien abrió las puertas a las modificaciones en sus respuestas. El interventor del Comfer dijo que “no está en el espíritu del proyecto revisar cada dos años las licencias, sino aspectos que tienen que ver con la incorporación de nuevas tecnologías como la digitalización del sistema”, pero que estaba dispuesto a revisar la redacción del artículo para darle “mayor precisión y despejar dudas”.

Mariotto defendió que la autoridad de aplicación quedara en manos del Gobierno “porque no hay antecedentes en la legislación internacional, aun en los países más avanzados, que esta atribución se maneje con otros criterios”. Aunque se mostró más permeable y pidió los textos de las propuestas para modificar la composición de los organismos de control como el Consejo Federal y la Comisión Bicameral.

También explicó los “límites que el proyecto impone a los nuevos jugadores” que habilita la iniciativa: las telefónicas. Aseguró que tendrán las mismas restricciones que el resto de los operadores: “No podrán pasar más allá del 35 por ciento del mercado, el tope de 24 licencias y la composición del 70 por ciento de capital nacional”. Pero dejó abierta la recepción de otras sugerencias en la redacción del texto.

A propósito de este último punto, Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi, de SI, advirtieron a Mariotto sobre el cuidado que debería tener la redacción final del artículo que establece la necesidad de una mayoría de capitales nacionales, por lo que establecen los Tratados de Protección de Inversiones (TPI), firmados con 54 países. Lo que podría exponer a la futura ley a reclamos judiciales en tribunales internacionales.

Pero la jornada de discusión se había iniciado con un revés para el oficialismo. La Comisión de Libertad de Expresión fue citada por Giúdici una hora antes del plenario y logró emitir una propuesta –que nucleó al grueso de la oposición– para prolongar el debate por dos meses en siete regiones del interior del país. La propuesta fue llevada al plenario como condición para iniciar el debate. Incluso, Giúdici insistió que había que discutir la metodología antes de escuchar a Mariotto y hasta amenazó con retirarse del plenario. La intervención de otros opositores lograron apaciguar los ánimos y encaminar la apertura del debate. Sólo la encendida intervención opositora al proyecto de Patricia Bullrich le dio pie a Giúdici para volver a la carga, sin suerte, con su reclamo.

“Fue una provocación política. Giúdici primero reclamó la incorporación de su comisión al plenario y después rompió el acuerdo. Sólo quieren prolongar indefinidamente el debate”, dijo el jefe del bloque K, Agustín Rossi.

La votación volvió a poner en discusión el insistente reclamo de la diputada radical. Giúdici cuestionó primero algunos aspectos de la votación –que terminó 34 a 24 a favor del oficialismo–, pero ya tenía en mente otra salida: convocar a audiencias paralelas. Habrá que ver qué sectores de la oposición deciden acompañarla en la confrontación.