La actual conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en gran medida corresponde a designaciones realizadas después del 2003. El gobierno de Néstor Kirchner nominó a juristas prestigiosos que reemplazaron a los amigos de Carlos Menem. Además, firmó un decreto de autolimitación que, desde ese momento, fijó un mecanismo de designación transparente y que somete a los candidatos al alto tribunal a un proceso de impugnación previa de avanzada.
Sobre el enfrentamiento entre el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, el Poder Ejecutivo, el ex presidente Kirchner y la Corte Suprema de Justicia está escalando cada día más. Un artículo muy interesante de Reynaldo Sietecase que comparte totalmente.
La actual conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en gran medida corresponde a designaciones realizadas después del 2003. El gobierno de Néstor Kirchner nominó a juristas prestigiosos que reemplazaron a los amigos de Carlos Menem. Además, firmó un decreto de autolimitación que, desde ese momento, fijó un mecanismo de designación transparente y que somete a los candidatos al alto tribunal a un proceso de impugnación previa de avanzada.
A pesar de que ese proceso es uno de los aciertos institucionales más contundentes de los últimos años, en la última semana el gobierno -a través de Aníbal Fernández- salió a cuestionar el fallo de la Corte que intima al gobierno de Santa Cruz a reponer al ex procurador Sosa en su cargo. La Corte no sólo denunció al gobernador Daniel Peralta ante la justicia sino que le dio participación al Congreso.
Desde entonces hay cuatro proyectos de intervención limitada a la provincia para reponer al fiscal desplazado por NK en 1995 cuando gobernaba la provincia. En lugar de acatar el fallo -que por otro lado, es inapelable- el Jefe de Gabinete habló de un intento desestabilizador de la Corte y Peralta dijo “quieren invadir Santa Cruz”.
Patético.
El gobierno imita a la oposición: la Corte es buena cuando falla a favor y mala cuando falla en contra. Basta recordar cómo la oposición y los grandes grupos mediáticos cuestionaron a la Corte cuando ratificó la vigencia de la Ley de Medios (por 7 votos a 0) cuando no se cansaban de alabarla.