El Diario Crítica publicó ayer una muy buena nota de Miguel Bonasso, donde analiza la conducta del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, quién autorizó el desmonte de un millón de hectáreas.
La desertificación amparada por el actual vicepresidente del Senado nacional en el territorio salteño supera a toda la tala realizada en un año en el resto del país. El permiso de Juan Carlos Romero a favor de grandes grupos económicos se produjo durante los meses en que se trataba la Ley de Bosques en el Congreso. La magnitud de la destrucción de bosques nativos alimenta el peligro de “cambio climático”.
En el curso de 2007, su año final como gobernador de Salta, el actual vicepresidente del Senado, Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas de bosques nativos.
Si se piensa que el total de lo desmontado en todo el territorio nacional alcanzó en 2006 la ya desbordada suma de 300 mil hectáreas, podemos afirmar –sin retórica– que estamos en presencia de un verdadero ecocidio. Que no sólo afecta a Salta sino al conjunto de la Nación, enfrentada a una verdadera emergencia forestal.
Lo que resulta altamente significativo es que el ex gobernador Romero (PJ-Frente para la Victoria) se apuró a otorgar estos permisos (en general a grandes grupos económicos) en el lapso que medió entre el tratamiento en Diputados de mi proyecto sobre Ley de Bosques (noviembre de 2006) y la sanción definitiva del Senado (noviembre de 2007). La ley, ya promulgada por el Ejecutivo en diciembre de 2007, establece la prohibición de realizar desmontes debosques nativos, en tanto no se lleve a cabo por parte de las provincias un proceso de ordenamiento territorial que establezca cuáles no se pueden desmontar por ningún motivo y cuáles podrían ser parcialmente desmontados previa audiencia pública, donde intervengan representantes de los campesinos y los pueblos originarios que los habitan.
En todos los casos se exigirán, además, estudios de impacto ambiental realizados por instituciones serias y neutrales, como pueden ser las universidades. El plazo de esta moratoria en los desmontes es de un año a partir de la sanción de la ley.
La cifra total de los desmontes autorizados por Romero y su correspondiente desglose, mes por mes, fue oficialmente suministrada a este cronista por la secretaria de Política Ambiental del actual gobierno de Salta, la antropóloga Catalina Buliuvasich, que fue decana de la Facultad de Humanidades de la universidad provincial y una tenaz opositora a la depredación forestal perpetrada durante la gestión del actual vicepresidente del Senado. La presencia de esta funcionaria en el nuevo gobierno del joven Juan Manuel Urtubey podría indicar que el ex diputado salteño –que hizo carrera durante los años de Romero y luego pasó a las tiendas del kirchnerismo– estaría dispuesto a cumplir el compromiso que asumió como candidato ante las organizaciones campesinas y de los pueblos originarios que se reúnen en el Foro Provincial de la Agricultura Familiar.
Pero nada se puede asegurar mientras no haya indicios claros de que se va a respetar, a rajatabla, la ley que el ex gobernador intentó burlar.
De momento proliferan protestas y amparos de quienes podrían ser directamente perjudicados por la maliciosa “previsión” de Romero, que en noviembre de 2007, cuando la ley era finalmente sancionada por el Senado (que la hizo dormir durante un año), otorgó permisos de desmonte por un total de 168.872 hectáreas y en diciembre autorizó que las topadoras derribaran 63.919 hectáreas adicionales de selvas originarias.
Puede que el lector no alcance a imaginar cabalmente lo que esto significa, de qué manera influye para que la Argentina, otrora uno de los países más fértiles de la tierra, sea crecientemente desertificada por el monocultivo (la fiebre de la soja) y contribuya, de manera protagónica, al proceso de “cambio climático”, a la destrucción cada vez más acelerada de nuestro hemisferio y del planeta.
Para medir la magnitud de la catástrofe que nos amenaza, basta recordar que a principios del siglo XX había 150 millones de hectáreas de bosques nativos y que hoy nos quedan, apenas, 31 millones.
El tema, por cierto, no es paisajístico. Además de perder árboles centenarios, se amenaza la biodiversidad (que comprende más de una especie animal en peligro de extinción) y se expulsa de sus tierras, a palos o a balazos (ya lo contaremos en alguna ocasión), a comunidades campesinas que han vivido muchos años explotando racionalmente el ecosistema.
El dato sobre el achicamiento exponencial de nuestras selvas nativas suele citarlo Greenpeace, una de las organizaciones ambientalistas que han luchado con mayor denuedo contra esta depredación de la riqueza forestal.
Según esta ONG, el gobierno de Romero se puso a la cabeza de otras administraciones provinciales deforestadoras, al autorizar desmontes que representaban cinco veces y media más que los permitidos en 2006 y que equivalen a 21 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Greenpeace no exagera, como dicen sus detractores norteños: ellos habían contabilizado permisos por un total de 425.958 hectáreas; las cifras oficiales suministradas a Crítica de la Argentina elevan el guarismo a 478.204 hectáreas, porque incluyen propiedades rurales de 300 hectáreas o menos.
El dato, sin embargo, no debe llamar a confusión: no estamos aquí ante un presunto plan de desarrollo agropecuario, destinado a favorecer a pequeños y medianos productores y generar empleo en el campo salteño, como afirmaron diputados y senadores obedientes a Romero. El desglose de las propiedades donde se desmonta –según Greenpeace– incluye más de un latifundio superior a las 30 mil hectáreas y el promedio general –contabilizando 68 propiedades– es de 6.254 hectáreas. ¿De qué pequeños productores hablaba la senadora Sonia Escudero (un apellido premonitorio) cuando atacaba la Ley de Bosques?
Sin embargo, la valiente actitud de campesinos, pueblos originarios y organizaciones ambientalistas a favor de la Ley de Bosques hizo retroceder a más de un gran propietario.
Es el caso de Arcor S.A.I.C. que, el 14 de marzo de 2007, desistió voluntariamente del permiso de desmonte que la cómica Secretaría de Medio Ambiente de Romero le había otorgado para sus fincas Don Tito y Las Maravillas, en el departamento de San Martín. Hablamos de 43.814 hectáreas.
Lo que se diría “un pequeño productor”. No es, en cambio, el caso de El Álamo, una finca de 30.962 hectáreas, que pertenece a los hermanos estadounidenses Paul David y David Kent Gabel, dueños de la firma Quebracho Colorado, que el año pasado compraron 10 mil hectáreas en Tolloche. Los hermanos texanos iniciaron el desmonte el 6 de febrero último, con cuatro poderosas topadoras, que hicieron caso omiso de la protesta presentada por la comunidad indígena El Traslado, a la cual no se le permitió participar en el trámite previo al otorgamiento del permiso, según denunció la organización ambientalista Asociana y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). Las tierras de estos latifundistas extranjeros lindan con el lote fiscal 14, que utiliza la comunidad wichi, perversamente castigada con los desmontes.
Un dato adicional, aportado por el Nuevo Diario de Salta, viene a ratificar todo lo afirmado en esta nota con relación a la mala fe del ex gobernador Romero y sus secuaces: “Dos días antes de que se aprobara la Ley de Bosques, el ex secretario de Medio Ambiente, Gustavo López Asensio, los autorizó a desparejar (un desmonte con rollos que dejaría a salvo los árboles más grandes) 21.407 hectáreas, con el fin de habilitar el campo para la ganadería”. Sin embargo, como el mismo diario aclara a continuación, el desmonte “parcial”, que supuestamente preservaría a los árboles ancianos, no lo era tanto. “…
El proyecto abarca toda la finca, porque se prevé que se dejarán cortinas y un área de ‘conservación’ de apenas 1.664 hectáreas”.
El diario concluye informando que Asociana “tras recibir rechazos de parte de las autoridades salientes, presentó un recurso de reconsideración ante el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Humano Julio Nasser, quien todavía no tomó una decisión al respecto”.
A lo mejor toma la decisión al ver las imágenes de las topadoras en esta nota.
Los texanos no están solos en la lista de “pequeños propietarios”: la generosidad de la era romerista incluyó a don Franco Macri, progenitor del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propietario de la estancia El Yuto, a la que –según Greenpeace– se le adjudicaron –entre 1997 y 2001– seis permisos de desmonte por un total de 4.506 hectáreas.
Más ilustrativo aún es el caso de Cresud S.A.C.I.F. y A., una de las empresas agropecuarias más poderosas del país, cuyo principal accionista es el señor Eduardo Elsztain, dueño de la mayoría de los shoppings del país, como Alto Palermo y el Paseo Alcorta, además, por supuesto, del Banco Hipotecario.
Según Cresud, en su finca de Los Pozos (que abarca 248 mil hectáreas) ya cuenta con 32 mil hectáreas desmontadas que serán dedicadas a la ganadería vacuna. Según datos catastrales de la provincia de Salta, la superficie desmontada por la empresa alcanzaría en realidad las 59 mil hectáreas.
Además, entienden lo que es el lobby parlamentario: junto con los ingenios Ledesma y El Tabacal (otros desmontadores importantes) conformaron la Fundación para el Desarrollo Sustentable del NOA (FUNDESNOA).
En abril de este año, mientras el senado de la Nación le suministraba barbitúricos a la Ley de Bosques, girándola a cinco comisiones, el senador salteño Marcelo López Arias presentó un proyecto de ley “De presupuestos mínimos de Protección Ambiental de los Bosques nativos y de los Servicios Ambientales que brindan”, que intentaba sepultar a la Ley de Bosques aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de marzo anterior. El acto fallido contó con el aval oficial de FUNDESNOA.
Probablemente, por una de esas cosas simpáticas que tiene la democracia: los campesinos se movilizaron, los pueblos originarios se movilizaron y las organizaciones ambientalistas, con Greenpeace a la cabeza, lograron un millón y medio de firmas a favor de la ley de Bosques.
Los condenados de la tierra
El portavoz de los wichi sollozaba abrazado a mí, como si yo pudiera –por ser diputado– liberarlo de todas las humillaciones sufridas por él y por su pueblo. Unos minutos antes, durante la conferencia de prensa que habíamos organizado con el diputado Remo Carlotto (PJ-Frente para la Victoria), José Nicanor Molina, a quien no le gusta que lo llamen “cacique”, había protestado contra los desmontes, contra la prepotencia de los señores feudales de Salta, que habían llegado al extremo de arrasar con sus topadoras el cementerio de sus antepasados.
La conferencia se llevó a cabo en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados y no pude menos que relacionar aquel crimen individual, aún impune y malversado por la pseudojusticia bonaerense, con estos otros crímenes colectivos –igualmente impunes– que la Argentina prohíja con siniestra regularidad.
Asistían funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y representantes de pueblos originarios y comunidades campesinas como el MOCASE de Santiago del Estero. Fue el miércoles 21 de noviembre de 2007, mientras el Senado discutía y finalmente aprobaba la Ley de Bosques.
“Antes se llevaban el oro, ahora se llevan el oro verde, la vida misma”, dijo el portavoz de los wichis. Y recordé lo que me solía decir Fernando Benítez, el gran escritor mexicano, autor de Los indios de México: “Mantienen lazos con las cosas vivas que nosotros hemos perdido, una visiónÇ cósmica y adánica del Universo”.
Molina lo confirmó, acongojado, al hablar de los árboles, de cada árbol desgajado por las topadoras sojeras, con infinita ternura.
Pero las topadoras no paran. Las de la empresa Quebracho Colorado de los hermanos texanos Gabel destruyen a destajo en El Alamo, afectando directamente a la comunidad wichi de El Traslado.
En la reserva de la biósfera de las Yungas, echan a patadas a los activistas de las ONG que intentan frenar los desmontes.
Las audiencias públicas son una burla. Los estudios de impacto ambiental una farsa. Hay ya asesinatos cometidos por los desmontes y su vínculo perverso con el narcotráfico.
Como bien dijo la niyat de la comunidad wichi-guaraní, Octorina Zamora, reclamando la nulidad de una audiencia amañada por los señores de la tierra: “Ésta es una manera de liquidarnos, antes fue el Winchester, hoy es la soja”.
