Comunicación, Marketing, Transformación Digital y Desarrollo de Fondos.
Excelente publicidad de Greenpeace Internacional. (Antes había publicado que era de España pero debo corregirme. Esta pieza es obra de mi ex jefe, Oscar Soria y fue realizada en Junio de este año.
Un modo muy creativo, original (y transgresor) de hablar y enseñar sobre un tema que suele resultar aburrido: la eficiencia energética.
Campaña con foco en la reducción de las emisiones de CO2 realizada por BUND (Subdivisión de Alemania de Friends of the Earth).
Esta campaña utiliza globos como el planeta Tierra atado a un tubo de escape del coche para mostrar lo que ocurrirá cuando el dióxido de carbono es liberado en exceso en la atmósfera.
Al Gore recibió el Premio Nobel con un discurso interesante que les recomiendo leer haciendo click aquí (en Inglés)
Y también hablando de discursos de aceptación de Premios Nobel, Doris Lessing, la ganadora de la categoría Literatura, aprovechó para criticar a los bloggers y a Internet en general. Leé más sobre el tema haciendo click aquí (También en inglés).
Greenpeace reclamó la inclusión de la moratoria en la votación en particular.
Greenpeace reclamó este miércoles al Senado Nacional, que aprobó esta tarde en general la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, que garantice la moratoria para detener los desmontes en la votación en particular que tendrá lugar la semana próxima.
La Ley de Bosques fue aprobada esta tarde en general y el tratamiento en particular pasó para la semana próxima debido a la fuerte presión ejercida por el lobby sojero de las provincias del Norte que intentó hasta última hora desvirtuar la moratoria que detiene los desmontes.
“La decisión de no aprobar por completo la ley demuestra las fuertes diferencias que hay en el bloque oficialista sobre este tema. Sabemos que hay presiones para desvirtuar la moratoria e instalar una ley contraria al proyecto original que establecía la detención de los desmontes hasta que cada provincia realice el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, lo que resulta vital para que la norma sea efectiva”, declaró Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace.
Después de varios días de negociaciones, el Senado finalmente incluyó en el temario la Ley de Bosques, pese a las presiones de las provincias que intentaron licuar el espíritu de la norma. “Para nosotros, es un paso adelante que los senadores hayan acusado recibo de la presión de más de un millón de personas y que hayan decidido tratar la Ley.
Sin embargo, las organizaciones vamos a seguir de cerca la discusión para garantizar que se apruebe un texto que respete el espíritu de la ley aprobada en diputados y apoyada por más de un millón de argentinos. La moratoria es necesaria para evitar procesos especulativos, como el que está ocurriendo en Salta, donde, este año se solicitaron autorizaciones para desmontar más de 355 mil hectáreas de bosques”, aseguró Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos fue presentada el año pasado en la Cámara de Diputados por el Diputado Miguel Bonasso e impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas y contó con el apoyo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y la Asociación Forestal Argentina (AFOA).
A fines de 2006, se trató por primera vez en Diputados y en el mes de marzo de 2007, luego de una larga sesión, la Cámara Baja le otorgó la media sanción y la giró para su discusión a seis comisiones del Senado: Presupuesto y Hacienda, Legislación General, usticia y Asuntos Penales, Industria y Comercio, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Agricultura, Ganadería y Pesca.
La fuerte presión ejercida por los representantes de las provincias del norte, que se oponen a distintos artículos de la Ley impidió que se discutiera en las comisiones y que llegara a ser tratada en el recinto. A esto se sumó el parate en el que estuvo en Congreso durante el tiempo que duró la campaña electoral. Debido al retraso en el tratamiento de la Ley, Greenpeace, junto a distintas organizaciones ambientalistas de todo el país, entre quienes se encuentran Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre impulsó la campaña Un millón de firmas por los bosques, con el objeto de sumar las adhesiones de los ciudadanos para exigir a los senadores el tratamiento de la Ley. El número previsto inicialmente se vio ampliamente superado y más de 1.300.000 personas ya sumaron su respaldo.
A principios del mes de octubre las organizaciones entregaron en el Senado las planillas que contenían las firmas junto con un petitorio formal para exigir la aprobación de la Ley de Bosques.
La presión de la gente hizo que, una semana más tarde, el presidente del bloque oficialista de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto junto con la Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti dieran una conferencia de prensa en la que el oficialismo se comprometió a tratar la Ley en la primera sesión posterior a las elecciones del 28 de octubre.
La Ley de Bosques establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
La Noticia en los Medios Nacionales:
– Aprobada en general, ahora debatirán cada artículo. (Clarín)
“Siempre esto fue un acto de mala fe de Uruguay. Siempre apostando al hecho consumado. Estamos luchando por el tema de la nacionalización de la madera. Lo de los cortes no se discute más. Vamos a seguir bloqueando a Botnia de las formas que podamos. La teoría de los hechos consumados es una mentira. el Uruguay quiere el monitoreo conjunto para aliviar sus culpas…”-
Adolfo Weimberg (Asambleísta) en una nota en América 24
En la revista Wired encontré un artículo muy interesante que cuenta sobre la utilización de la tecnología GPS que hacen los miembros de una tribu que vive en una región del Amazonas ubicada en el sur de Suriname.
Para evitar los abusos de ganaderos, madereros, mineros, petroleros, y los que piratean los frutos de la selva, las tribus que habitan en la cuenca del Amazonas ha iniciado la adquisición de herramientas de alta tecnología para defenderse.
Gran parte de la ayuda que está haciendo posible esto es una organización medio ambiental de Virginia llamada “Amazon Conservation Team”, que proporcionó equipo, conocimientos de cartografía, y la asistencia financiera.
Ahora docenas de hombres de estas tribus están caminando los bosques, la elaboración de mapas de sus tierras con la ayuda de dispositivos GPS portátiles.
Por supuesto que por tener documentado su territorio no implique que tengan todos los derechos legales sobre esas tierras pero es un paso muy importante para lograr ese objetivo.
Para Wuta (uno de los pobladores que se encarga del mapeo), el para él como una póliza de seguro de vida. “Hago mapas porque no quiero que a las empresas vengan, porque cuando pase eso, el agua será sucia”.
La distracción preelectoral que parecería paralizar las agendas de todos los políticos, sean éstos legisladores en funciones o miembros del Poder Ejecutivo de nuestro país, parece hacerles perder de vista ciertas cuestiones que son impostergables, como el tratamiento del proyecto de ley de bosques nativos. El sábado próximo será celebrado el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, destinado a mantener vivo el recuerdo de las siete víctimas mortales de un escape de gas tóxico, hecho ocurrido hace catorce años en Avellaneda, y esa fecha, propicia para exaltar nuestra relación con el medio ambiente, también será útil para promover la defensa de esos bosques, hoy en día amenazados por la tala indiscriminada.
Aquella norma, todavía con apenas media sanción, fue aprobada por la Cámara de Diputados por abrumadora mayoría, aunque con algunos pocos votos en contra de diputados de Salta, la provincia donde ocurren los peores desmontes. Ahora, 1.200.000 argentinos suscribieron un petitorio para presionar a los senadores para que le den su aprobación definitiva a ese proyecto, indispensable para preservar la integridad de nuestros bosques nativos. “En los 80 minutos que dura un partido de los Pumas -revelan los ecologistas-, 40 hectáreas del hábitat donde viven los verdaderos pumas desaparecen bajo las topadoras.” Auténtica muestra de la insensatez de la cual hacen gala quienes toman en exclusiva cuenta las finalidades lucrativas y no se dan por enterados de que están destruyendo elementos vitales para la continuidad de la vida sobre nuestro planeta.
Peor que eso, cuando el bosque desaparece, muchas familias de argentinos son desalojadas, indemnizadas miserablemente y relocalizadas en cinturones urbanos de pobreza. Se los condena, o poco menos, a engrosar las filas del piqueterismo reclutado a fuerza de la dádiva de los planes sociales y del clientelismo político que se mofa de la dignidad del ser humano.
Con el millón largo de firmas ingresado en un disco de computadora, tres dirigentes de las principales organizaciones ambientalistas de la Argentina ingresaron durante la semana última en el despacho donde se suponía que el presidente del Senado y vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, debía recibirlos. Se encontraron, en su reemplazo, con una asesora de su campaña por la gobernación de Buenos Aires, a quien le entregaron las firmas y un pedido concreto: que el gobierno nacional se comprometa públicamente a dar tratamiento en el Senado a esta ley apenas finalizadas las elecciones, en la primera semana del mes próximo.
El presidente del Senado tiene hoy, pues, la oportunidad de impulsar la sanción de esta norma imprescindible, que prevé congelar mediante una “moratoria forestal” el arrasamiento de los bosques hasta que cada provincia elabore sus planes de ordenamiento territorial y, por ende, pueda ser establecido dónde y cuándo la agricultura podría darse el lujo de avanzar sobre los bosques nativos, acerca de los cuales debemos recordar que la Argentina sólo mantiene en pie un tercio de su superficie original.
No todo es gris en el verde. Actitudes como las de Alto Paraná SA deben ser reconocidas. La compañía forestal de capitales chilenos, que posee en la provincia de Misiones 220.000 hectáreas (la mitad de ellas forestadas artificialmente y el resto de bosque nativo del tipo selva paranaense), decidió, en 2001, que no desmontará ni siquiera una hectárea más. Aplicó su propia “ley de bosques”, demostrando que se puede producir y, al mismo tiempo, preservar el medio ambiente, lo cual pone aún más en relieve el altísimo costo de la demora provocada por la desidia de nuestros senadores nacionales.
Crónica dando cuenta de la protesta que realizamos ayer contra Mauricio Macri y sus ganas de volver a la Incineración en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Newsletter Ambiente y Medio (Sergio Federovisky)
En las próximas semanas, Romina Picolotti deberá responder un agudo cuestionario elaborado por la Corte Suprema de Justicia referido a las acciones realizadas a favor del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo desde que hace un año el Tribunal dio lugar a la demanda de los vecinos contra el Estado y las empresas contaminantes. La Corte volvió a manifestar de este modo su disconformidad con lo actuado hasta el momento y con la calidad del plan presentado por Picolotti, que fue cuestionado formalmente por la Universidad de Buenos Aires, tras una auditoría solicitada por la justicia.
No se conoce en detalle la respuesta que enviará por escrito la secretaria de Medio Ambiente, pero sí se vislumbra cuál será la respuesta política que le dará a ese cuestionamiento. Hay que recordar que en la causa judicial (lo que las ONG han denominado el primer juicio contra la contaminación), los acusados de violar las leyes y, en particular, el artículo 41 que consagra el derecho a un ambiente sano son los estados nacional, provincial y porteño y unas 44 empresas (todas ellas de gran envergadura) que asientan sus plantas en la cuenca y que son a priori responsables de la contaminación.
Está claro que tanto los intereses como las supuestas culpabilidades del Estado y las empresas no son idénticas, puesto que al primer se lo juzgará en tanto su responsabilidad de mantener los controles adecuados y hacer cumplir las leyes vigentes, y a los privados se los podrá considerar culpables por la ejecución del daño sobre el curso de agua. Pero hasta el momento, siendo que las dos partes están en el banquillo de los acusados, no se había verificado en los hechos la distancia que existe entre uno y otro.
Y allí parece que radicará la estrategia mediática y política de Picolotti.
Hasta ahora, el festival de clausuras sobre la cuenca apuntó básicamente a empresas menores o de bajo perfil, y en casi todos los casos, por fuera de esas 44 que la Corte halló a priori responsables de la contaminación. La última semana Picolotti dio una señal de viraje: le puso faja de clausura a Danone, una multinacional láctea que seguramente no está habituada a prácticas contaminantes en su Francia natal.
Lo que circula en estos días en los pasillos de la Secretaría de Medio Ambiente indica que, en sintonía con el conflicto por desabastecimiento que el gobierno tiene con Shell y la idea de Esso del país, las nuevas clausuras pueden estar dirigidas a las empresas que pueblan el monstruoso polo petroquímico Dock Sud.
Desde la página web de MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, cuyo líder es el cineasta Fernando “Pino” Solanas) sugerían esta semana que “no sería una mala elección apuntar a las petroleras para empezar a imponer una remediación ambiental en la Cuenca Riachuelo-Matanza. Pero sin mezclar los tantos, para no dudar que los controles de precios son ‘sinceros’ e ‘imparciales’”.
La información en que la se basan las especulaciones señala que “la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó durante la semana inspecciones sobre residuos peligrosos en la zona de Dock Sud a las refinerías de Shell y Petrobras. Oficialmente este control responde al cumplimiento de la Ley de la Cuenca Matanza–Riachuelo (Ley 26.186), que designa autoridad de aplicación a la secretaría encabezada por Romina Picolotti y le confiere poder de policía. La Secretaría de Ambiente puede apercibir con multas, decomisar bienes, cerrar instalaciones o disponer clausuras de empresas cercanas a la orilla del Riachuelo, y parece querer demostrar que, si es necesario, no teme aplicar tales facultades. Mostrar las actividades que realiza, sirve también para fortalecer la imagen de Picolotti, ante las objeciones que viene sufriendo su accionar por parte de la Corte Suprema y la opinión pública”.
Dicho en buen romance, será más difícil acusar de inacción a Picolotti si entre los destinatarios de las fajas de clausura hay empresas hasta hoy intocadas en la Argentina y consuetudinarias contaminantes de la cuenca.
Pero como en política nadie da puntada sin hilo, en el sector petrolero se acepta esa hipótesis pero al mismo tiempo se comenta que es muy posible que las inspecciones sean parte de la puja por el control de precios. Mientras YPF, Petrobras y Esso anunciaron que revisarían los precios de combustibles para frenar o retrotraer aumentos, la ofensiva ambiental se dirige preferentemente a Shell, vieja enemiga del gobierno, que rechaza el control de precios y defiende los aumentos.