En Argentina la discusión sobre la política económica es moneda corriente (y seguramente, bastante devaluada). Es natural para todos los argentinos y argentinas opinar sobre el tamaño del estado, la intervención por parte del mismo en el sector privado y la cooperación entre estos dos ámbitos, al igual que las funciones que debe o no cumplir.
En muchas ocasiones, intentamos buscar esa respuesta en economistas, en liderazgos carismáticos, o hasta en épocas pasadas. Sin embargo, considero que la discusión cotidiana de los argentinos no es una discusión económica, sino que es, por sobre todo, una discusión de justicia. Nos llama a preguntarnos cuáles son los criterios de justicia (es decir, que consideramos justo y/o injusto) que nos queremos dar como sociedad política. Dicha respuesta se encuentra al mirar en el seno de la sociedad política, y debe ser el resultado de un debate entre individuos libres e iguales. Para dar respuesta al interrogante sobre el rol del estado nos podemos valer de herramientas brindadas por las ciencias económicas, las ciencias jurídicas, o la ciencia política, sin embargo la respuesta es profundamente política, y como tal, es un asunto de los hombres. Respetando la democracia republicana en la cual nos vemos inmersos, no podemos esperar, sino, que dicha respuesta sea un resultado de un profundo debate cuyo resultado sea el respeto al principio de aquello que la mayoría desea.
Lamentablemente, debo admitir que mientras los liberales entendemos que la existencia de criterios de justicia inamovibles son aspectos fundamentales de una sociedad política, las dos corrientes ideológicas predominantes en nuestro país se encuentran en las antípodas de dicho pensamiento político, y como tal, son bastantes parecidas. El peronismo (populismo) y el libertarianismo (neoliberalismo) son gemelos ideológicos. Tal como indica Pzeworski (2023), mientras que en el primero el orden social es creado de manera espontánea por el pueblo, el segundo es creado a través del mercado. Es decir, en los dos se encuentra una ausencia de búsqueda de dichos criterios de justicia al asimilar lo justo con lo bueno y lo injusto con lo malo. En la corriente libertaria, lo justo es sinónimo de las transacciones realizadas libremente por los individuos (lo bueno) y lo injusto es la voluntad política estatal que limite y restrinja el libre accionar de los individuos (lo malo). Por otro lado, en la corriente populista, lo justo es aquello que va en consonancia con aquello que el pueblo quiere (lo bueno) y lo injusto es aquello que va en contra de los intereses del pueblo (lo malo). La pregunta es cuales son los intereses del pueblo o del mercado, que son y qué lugar ocupa la ley, el principio de la mayoría y el pluralismo político en dichas doctrinas que son democráticas desde una perspectiva sustantiva pero no procedimental.
Populismo y Libertarismo
Es decir, tanto en el populismo como en el libertarismo, no se encuentran criterios de justicias firmes que estén desligados de la noción de bien y mal hegemónicas. De esta manera, la discusión de la sociedad argentina sobre lo justo y lo injusto se ve vandalizada por estas dos fuerzas políticas. Para poner un ejemplo. Según el libertarismo, la venta de órganos humanos debería ser legal. ¿Por qué? Porque así lo quieren los individuos que comercian con órganos humanos. De esta manera el comercio de órganos es justo, dada la ausencia de criterios de justicia que vayan más allá de lo que “el mercado quiere”. Lo mismo ocurre con el populismo. El salario básico universal debería ser ley. ¿Por qué? Porque así lo quiere el pueblo, y si lo quiere el pueblo está bien, y si está bien, es justo.
Ahora bien, quienes saben algo de teoría política ya habrán identificado cierta tendencia rawlsiana en mi pensamiento. ¿Por qué, según este autor, es importante tener dichos criterios de justicia? Primero porque lo justo no puede estar atado a la noción de bien y mal del gobierno de turno, y mucho menos al juego político. Estas nociones tienen que trascender dichas pequeñeces. En vez de preguntarnos si esta bien o mal la existencia de planes sociales, nos podemos plantear si es justo o injusto según los criterios de justicia de nuestra sociedad. La ausencia de dichos criterios produce una fractura en la sociedad política imposible de sanear, así aumentando la polarización de la sociedad y el desgaste del sistema democrático. Segundo, porque tener dichos criterios dan un para qué de existencia a las instituciones estatales, entendidas como reglas que deben satisfacer los mismos y, en consecuencia, las mismas se verán fortalecidas al no ser un mero instrumento político para lograr objetivos que poco tienen que ver con los principios republicanos y democráticos de nuestra constitución. De esta forma, la justicia será realmente asunto de los hombres y mujeres que conforman la sociedad política, y no de los dioses (como lo era en la Edad Media) o de los líderes carismáticos (como lo es en Argentina y en otros países del mundo). Tercero, porque es la única forma de garantizar una justicia social democrática. Bien sabemos que el concepto de “justicia social” es profundamente liberal, refiriéndose a la existencia de instituciones que respondan a la utilidad media. Mientras que el liberalismo clásico entendía que el fin de la sociedad política es el bienestar social, el liberalismo rawlsiano defiende que no existe tal cosa como “la sociedad” o “el pueblo”, sino que hay individuos. En esta línea, se debe pensar al estado en pos de la utilidad máxima de cada individuo que sea, al mismo tiempo, compatible con sus semejantes y las instituciones deben velar por dicho mantenimiento.
En lo personal, debo admitir que más allá del impacto que tenga el sistema educativo público o el sistema de salud público en las cuentas fiscales de la macroeconomía argentina, estos derechos deben seguir siendo públicos y gratuitos. ¿Por qué? Porque primero pienso en los individuos y después en el colectivo. Es decir, estos dos derechos van en consonancia con mis criterios de justicia, y más allá de las cuestiones económicas circunstanciales o de la coyuntura política, de si le hace bien o mal al pueblo o al mercado, la falta de los mismos en una determinada sociedad la vuelven injusta al instante por la falta de la igualdad de oportunidades que la ausencia de los mismos supone. Digo “en lo personal” porque entiendo que la noción de justo e injusto debe ser el resultado de un debate profundo que tiene que dar la sociedad argentina, y yo seré una voz más cantante entre los millones y millones de ciudadanos y ciudadanas. Un buen ejercicio es que todos nos preguntemos: ¿Qué creo que tiene que seguir vigente más allá de lo que “el mercado” o “el pueblo” quiera?”. Si intentamos responder esa pregunta estaremos llegando a una justicia que escapa de la contingencia. Revitalizar el llamado “liberalismo de izquierda” es fundamental para la continuidad de nuestro sistema democratico, republicano y liberal, para garantizar el pluralismo político, la libertad, la igualdad de oportunidades y de una vez por todas, vivir en paz.
Santiago Nicolás Cainzos