El dinero de la guerra contra el terrorismo

Según un informe del Fondo Monetario Internacional de diciembre del año 2003, las perspectivas que se abrieron para la industria armamentística en el mundo tras el 11-S y la apertura de la denominada «guerra contra el terrorismo» se estaba confirmando en la práctica.

El FMI cifró en 64.000 millones de dólares el aumento experimentado en gasto militar desde finales del año 2000 hasta finales de 2002. Una cifra que convierte a la industria armamentística en la única que ha resultado claramente ganadora de la estrategia de guerras preventivas y aumento de los medios de «seguridad» adoptada por la mayoría de los países del planeta.

El estallido de la guerra en Irak produjo una fuerte subida en las bolsas de las principales industrias de armamento, y la perspectiva de que la resistencia respondiera con fuerza y alargara el enfrentamiento ­como así está siendo con un alto coste de víctimas­ mejoraba las perspectivas económicas de fabricantes de armas como los misiles Patriot o el bombardero B-2.

Estados Unidos es el primer productor y exportador de armamento, y cinco de las seis mayores empresas dedicadas a la producción de armas son norteamericanas.

Los tres grandes fabricantes de armas de EEUU -Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman- están haciendo caja gracias a las políticas de Bush relativas a los cambios de régimen en el extranjero y la vigilancia en Estados Unidos.

En el año fiscal 2002, los tres grandes recibieron un total mayor a los 42.000 millones de dólares en contratos del Pentágono, de los que Lockheed Martin obtuvo 17.000 millones, Boeing 16.600 millones y Northrop Grumman 8. 700 millones. Esto representa casi un tercio más que en 2000, el año final del gobierno de Bill Clinton. Estas firmas sacan uno de cada cuatro dólares de los pagos del Pentágono.

El producto estrella de los tres grandes son los sistemas de armamento como el avión caza de ataque conjunto F-35 (Lockheed Martin), la aeronave de combate F/A-18 E/F (Boeing/Northrop Grumman), el raptor F-22 (Lockheed Martin/Boeing) y la aeronave de transporte (Boeing).

Northrop Grumman también juega a lo grande en el área de buques de combate, son de su propiedad los astilleros de Newport News, en Virginia y Pascagoula, en Mississippi. Las tres empresas están muy bien colocadas en el diseño y la producción de dispositivos de precisión de tiro, equipo de armamento electrónico, sistemas de ataque a distancia y municiones de precisión. Por ejemplo, Boeing fabrica el equipo de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés), herramienta que puede convertir bombas “estúpidas” en “inteligentes”. El JDAM se utilizó en tan grandes cantidades en las guerras de Irak y Afganistán que la compañía tuvo que activar turnos duplicados de fabricación para cumplir con la demanda de la fuerza aérea.

El desarrollo nuclear del presidente Bush -grandes segmentos del cual son financiados por el presupuesto del Departamento de Energía, no por el Pentágono- significa buenas noticias para Lockheed Martin. La compañía cuenta con un contrato por dos mil millones de dólares anuales para impulsar los Sandia National Laboratories, una instalación de diseño e ingeniería de armas nucleares con sede en Albuquerque. Lockheed Martin trabaja también en sociedad con Bechtel para desarrollar el Nevada Test Site, enclave donde se somete a prueba las armas nucleares mediante explosiones subterráneas o mediante simulaciones por computadora.

Pero EEUU también es el país con mayor presupuesto I+D militar. Para el año 2005 alcanzará un récord histórico de 75 mil millones de dólares, lo que representa más de dos tercios de los gastos mundiales en dicho sector de investigación. Y más de cuatro veces el presupuesto para I+D militar de todos los países de Europa. Este gasto habrá supuesto un incremento del 6’8 % respecto al año anterior y ya supone el 56’7 % del gasto total en I+D de Estados Unidos. (1)

Al contrario de lo que sucede en la mayoría de países europeos, en Estados Unidos, el gobierno federal cubre la totalidad de los gastos de I+D militar de las compañías. Así, las principales empresas de armamento y aeronáuticas estadounidenses “viven” literalmente de los presupuestos públicos que reciben para el desarrollo de unas armas que luego venden al Pentágono a un elevado precio.

Para justificar el enorme gasto público en investigación, desarrollo y compra de armamentos, las empresas militares y los representantes políticos afines (congresistas, miembros de la administración) magnifican sistemáticamente los riesgos y constituyen un auténtico “partido belicista” que presiona a favor de la guerra tantos a los políticos como a la opinión pública.

Para que las “propuestas” militares de las grandes corporaciones de armamento salgan adelante se requiere una elevada “permeabilidad” entre Administración norteamericana e industrias de armamento. Por ejemplo, Lynne Cheney, esposa del vicepresidente Dick Cheney, estuvo en la nómina de la Lockheed Martín, primer proveedor de armas del Pentágono y Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, dirigió una empresa aeronáutica que fue comprada por General Dynamics y presidió la General Instrument Corporatiion, dedicada a las tecnologías de transmisión de banda ancha, distribución y control de acceso a edificios. Michael W. Wynne, subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Tecnología y Logística y máximo responsable tanto de la I+D como de las compras del Pentágono, fue presidente de la división espacial de la Lockheed Martín y trabajó en las divisiones de Aviones de Combate y Tanques de la General Dynamics, empresa de la que fue vicepresidente hasta 1999; mientras que Anthony Thether, director de la DARPA (principal agencia de Departamento de Defensa encargada de I+D militar), ha ocupado, entre otros, los cargos de Vicepresidente de la Corporación Aeroespacial Ford o CEO de la compañía Dynamics Technology.

A finales del año pasado, el Congreso norteamericano puso fin al prolongado veto que pesaba sobre la investigación de los llamados mininukes, armas nucleares de menos de cinco kilotones, casi un tercio del tamaño de la bomba de Hiroshima. También se autorizaron fondos para estudiar un “aniquilador de refugios blindados” (bunker busters, les llaman en inglés) y dinero para desarrollar una fábrica de miles de millones de dólares para construir disparadores de plutonio en la nueva generación de armas nucleares. Estas nuevas inversiones serán presididas por Everet Beckner, ex ejecutivo de Lockheed Martin que dirige el complejo de armas nucleares de la National Nuclear Security Administration (dependencia de seguridad nuclear nacional).

Los tres grandes pueden también obtener grandes ganancias del plan del presidente Bush para colonizar la Luna y enviar una misión tripulada a Marte. La nueva comisión presidencial encargada de detallar esta visión del espacio al estilo Bush la dirige Edward Pete Aldridge, anterior subsecretario de Defensa para adquisiciones del Pentágono y miembro de la junta directiva de Lockheed Martin. En tanto, en la fuerza aérea el subsecretario encargado de adquirir bienes espaciales es Peter Teets, antes jefe de operaciones de Lockheed Martin.

Los beneficios de la industria militar con la política de Bush no solamente se explican por la presencia de altos cargos de la administración en esas corporaciones, sino también por su generosa contribución a las campañas electores del Partido Republicano. Su colaboración con 8.700.000 dólares durante las elecciones de 2000 permitieron que en el presupuesto militar del año fiscal 2003 aumentase en 45.500 millones de dólares, el mayor incremento desde 1966.

Pero la invasión de Iraq ha consolidado otra forma de enriquecerse con la guerra, las empresas de mercenarios, denominadas eufemísticamente de seguridad o de empresas subcontratadas. Esta industria militar privada cuenta con varios centenares de empresas que llevan a cabo operaciones militares en 10 países de todos los continentes. Sus ingresos anuales globales ascienden ya a 100.000 millones de dólares.

Entre las empresas que proporcionan al Pentágono personal y servicios militares por un contrato están la Blackwater Security Consulting, estadounidense, y Erinys, británica. Haliburton, la empresa que dirigió el vicepresidente Cheney, proporciona la mayor parte de la seguridad y apoyo militar en Iraq a través de sus filiales Kellog, Brown & Root.

Erinys se define a sí misma como “una Consultoría Internacional de Servicios y Riesgo.” Es uno de los principales contratistas de la División Regional del Golfo para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EUA. Sus 14.000 empleados en Iraq están dirigidos por antiguos miembros de las fuerzas armadas británicas. Dispone de su propia comandancia militar, independiente de los EUA y aliados. Presta ayuda y protección a las tropas estadounidenses y –cómo no- a las compañías multinacionales.

Uno de los beneficios “colaterales” de esta privatización de la guerra es que las fuerzas militares privadas permiten colocar gran parte de los costes de la ocupación de Iraq fuera del presupuesto. Así, los 20,000 empleados de esta industria en Iraq (algo más del 10% del total de fuerzas ocupantes) están fuera del presupuesto. Son pagados del dinero destinado a la reconstrucción de Iraq.

El resultado no puede ser más preocupante, un puñado de empresas, directivos y miembros de la Administración Bush firmemente decididos a enriquecerse con la miseria, la guerra y la muerte de miles de personas en el mundo. En Colombia, en Iraq, en Afganistán, y quien sabe donde más mañana.

(1) La investigación militar en EEUU. Campaña por la paz. No a la investigación militar