Del Newsletter “Ambiente y Medio” de Sergio Federovisky
Esta última semana, tras varias postergaciones y operaciones diversas que llevaron a que Greenpeace denunciara a un puñado de diputados norteños por boicotear la iniciativa, se aprobó en general la ley de bosques. Esta semana deberá tratarse en particular, aunque se presupone que las presiones serán de tal magnitud que prevalecerá un criterio que morigerará el espíritu original de la norma. El propósito que llevaba esta iniciativa, además de frenar los desmontes a través de una moratoria, era establecer criterios muy estrictos para futuras autorizaciones de tala. Sin embargo, a último momento, el miércoles pasado apareció la idea de autorizar los desmontes con apenas una declaración jurada de las empresas. Conociendo los intereses en juego, la idea es una barbaridad. Sólo hay que recordar que –con el fin de sembrar soja- la provincia de Salta vendió una reserva y otra provincia, Chaco, no puede explicar la disminución grosera de las tierras fiscales vírgenes en apenas cinco años.
Hernán Giardini, de la organización Greenpeace Argentina, advirtió que en esa votación pormenorizada que se efectuará esta semana “está en riesgo el espíritu de la norma ya acordada”.
La iniciativa, aprobada por 150 legisladores sobre un total de 176 presentes, establece el alto a los desmontes hasta que cada provincia tenga su propio plan de ordenamiento territorial. Pero diputados que impulsaron la norma aseguran que algunos gobiernos provinciales presionan para que la moratoria sea de adhesión voluntaria. Es decir, inexistente.
La ley no es menor. Pretende frenar una pérdida estimada en al menos 250.000 hectáreas por año para favorecer el avance de la agricultura intensiva y la ganadería.
Una vez sancionada la ley, “cualquier desmonte será ilegal, incluso los que se realizan con el supuesto amparo de las autoridades provinciales”, advirtió. De allí la fuerte resistencia de gobernadores y legisladores de provincias norteñas.
Igualmente, aunque el miércoles lo aprobara la Cámara de Diputados, la norma debe ir luego al Senado, el feudo de las provincias.
La iniciativa declara transitoriamente la emergencia forestal en todo el territorio y prohíbe los desmontes sin previa autorización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para que el organismo ceda el permiso, cada jurisdicción deberá presentar un plan de ordenamiento de su territorio.
El plan de cada provincia deberá establecer distintas categorías de bosques nativos de acuerdo a la superficie mínima requerida para ser hábitat de especies nativas, a su vinculación con otras comunidades naturales, su estado de conservación, si alberga o no especies raras o en extinción, su potencial agrícola o forestal, etcétera.
Según estos criterios, las zonas verdes –o categoría III– son de bajo valor de conservación y pueden ser transformadas total o parcialmente. Las amarillas –categoría II– tienen un mediano valor de conservación y pueden ser destinadas solo a actividades sustentables, como recolección, turismo e investigación.
Los bosques que sean clasificados con el color rojo, es decir categoría I, serán aquellos de “muy alto valor de conservación” y por lo tanto no deberán modificarse. Sólo después de presentar esta categorización, la Secretaría de Ambiente levantará la prohibición de desmontar, según el proyecto.
Una vez sorteado el embargo, cada interesado deberá presentar un estudio de impacto ambiental a la autoridad competente en cada jurisdicción. Si se trata de un bosque en el que viven pueblos originarios, las comunidades deberán dar su consentimiento a la tala por escrito.
En este punto, legisladores de provincias forestales o que favorecen la expansión de las actividades agropecuarias intensivas, preferirían que en lugar de un estudio de impacto ambiental se exigiera una declaración jurada por parte del inversor.