Con riesgo de vida
Según un reciente informe, en la mayoría de los países latinoamericanos las leyes aseguran la libertad de prensa pero los periodistas sufren un inmediato riesgo físico al ejercer su profesión. Si bien en Argentina hay legislación menos restrictiva para el ejercicio, existe un gran desarrollo de prácticas mordaza.
(INFOCIVICA, 6 de febrero de 2007).- En la mayoría de los países latinoamericanos, las leyes aseguran la libertad de prensa, pero en algunas naciones el Estado no protege su libre ejercicio, hasta el punto que los periodistas sufren un inmediato riesgo físico. Esta es una de las conclusiones que desprende del informe “Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina” realizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
El informe advierte que el país más riesgoso para la vida de los periodistas es México donde el Estado está bloqueado para resguardar sus derechos; mientras tanto, Argentina posiblemente tenga la legislación menos restrictiva para el ejercicio del periodismo en América Latina, pero tiene un gran desarrollo de prácticas mordaza.
El informe, titulado “El periodismo frente a la coalición criminal”, revela cuáles fueron las peores zonas para ejercer el periodismo durante el segundo semestre de 2006, al tiempo que hace un análisis exhaustivo de las denuncias por avasallamiento de las libertades fundamentales y las maneras en que los gobiernos imponen presiones a los medios de comunicación.
El análisis distingue en el mapa regional tres tipos de áreas: las “zonas negras” son aquellas donde la ley prohíbe el ejercicio de la libertad de prensa, y la ley se cumple. En este lugar el trabajo ubica a Cuba y afirma que “el gobierno cubano acentuó la represión y el bloqueo informativo para proteger su proceso sucesorio”.
Las “zonas rojas” son aquellas donde la ley protege el ejercicio de la libertad de prensa, pero el Estado no la protege hasta el punto que los periodistas o los medios están en riesgo de muerte, como ocurre en algunos distritos de México y Ecuador, y República Dominicana, Guyana y Haití.
Y finalmente las “zonas marrones” son aquellas donde la ley protege el ejercicio de la libertad de prensa, pero existe un acoso que conmociona al periodismo, aunque no están en inmediato riesgo físico quienes ejercen el periodismo. “Este es el caso de Venezuela, donde tras la reelección, el presidente Hugo Chávez ha comenzado a avanzar sobre los medios privados que se le han opuesto en forma más notoria, expresado en la no renovación de licencias de radiodifusión o la sanción de una ley que regula la actividad de los medios gráficos”.
Los países que muestran una tradición de respeto al periodismo siguen siendo Chile y Uruguay, pero mantienen vigente algunas de las leyes consideradas mordaza, como el delito de desacato en Uruguay o la pena de cárcel por delitos contra el honor en Chile.
El trabajo de investigación y recopilación de datos estuvo a cargo del periodista Fernando Ruiz quien señaló que “el informe revela las situaciones de mayor gravedad en varias zonas de América Latina. Lo llamativo es que resulta muy probable que en las zonas donde hay mucha violencia, haya más violencia de la que parece, porque crece la autocensura para denunciar las amenazas o agresiones“.
La coalición criminal
El documento dedica un capítulo especial a los grupos criminales que se han convertido en la principal amenaza externa al ejercicio del periodismo en varios países de América Latina.
“Esto no implica el fin del acoso de las autoridades públicas, dado que estas suelen estar incorporados en forma abundante a esas coaliciones criminales. Estos grupos no están políticamente motivados, pero sus acciones sí tienen claros efectos políticos. Esta sociedad aprovecha para desarrollarse de las mayores garantías y libertades que ofrecen los procesos democráticos. Esto produce una degradación de la cultura de la legalidad y difunde socialmente el mecanismo de la violencia como forma de resolución de conflictos”.
“Además va corroyendo en la conciencia ciudadana la legitimidad de la democracia como régimen político. La participación de autoridades políticas, judiciales y de fuerzas de seguridad y militares en estas estructuras criminales tiene como principal efecto el bloqueo de la capacidad estatal de sostener el estado de derecho. Asegurar el orden público -para que los ciudadanos (y los periodistas) puedan ejercer sus derechos y garantías- se convierte en una especie de guerra civil intraestatal, donde, por ejemplo, hay policías que tiran para un lado y policías que tiran hacia el otro” señala con dureza el informe.
“También la prensa a veces se integra a la coalición criminal. La línea de la legalidad no solo está difusa en las fuerzas políticas, judiciales y de seguridad, sino también en el periodismo. El informe del CPJ (Committee to Protect Journalists) sobre la frontera norte mexicana señala: “la corrupción en Nuevo Laredo es galopante y las redacciones no son la excepción. Algunos periódicos informaron que les habían ofrecido dinero para trabajar para los carteles de la droga o para comprar su silencio. En algunos casos, dicen los periodistas, son colegas quienes realizan las ofertas de dinero“.
De esta manera “los grupos criminales obligan a una redefinición de las prácticas periodísticas en varios países de la región, como México, Colombia y Brasil, entre otros. Al punto de que el periodismo de Estados Unidos pareciera no querer profundizar la cobertura del narcotráfico en el interior de su país”.
En este informe se analizan los hechos ocurridos del 1 de julio al 31 de diciembre del 2006. Para ver los informes anteriores o éste en su integridad consultar www.cadal.org
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina es una ONG apartidaria que sostiene los valores liberal democráticos y cuyo objetivo es promover en los países de la región el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y las políticas públicas que favorecen al progreso económico e institucional. Para tal fin, CADAL realiza actividades de análisis, investigación, difusión, asesoramiento y capacitación.
Para mayor información comunicarse el autor del documento, Fernando Ruiz al (0381) 154732765.