El sistema de comunicación ejerce hoy parte del poder en la sociedad a partir del proceso de “mediatización”. Pero simultáneamente se puede observar que el sistema mediático es fundamentalmente comercial y cada día más altamente concentrado en cuanto a la propiedad. Un reciente informe producido en España ilustra sobre esta situación y su relación con la democracia. En Argentina, mientras tanto, se debate sobre la futura ley de servicios públicos de comunicación. De lo que se decida y de los aspectos que se contemplen depende también la gobernabilidad en el marco de la democracia.
Por Washington Uranga (Director de la Maestría en Periodismo, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.)
El sistema de comunicación tiene una gran incidencia sobre los actores sociales y los sujetos de la vida colectiva. Por ese motivo es ineludible considerarlo como factor de poder y un interlocutor necesario para analizar la gobernabilidad en una sociedad. Pero a diferencia de las autoridades políticas, que surgen de procesos electorales y deben reunir detrás de sí consensos democráticos, los medios de comunicación parecen sólo sometidos a las leyes del mercado y, en la mayoría de los casos, pregonan actuar con “independencia” y “objetividad”, equidistante de todo tipo de intereses. Por otra parte, el sistema político democrático debería encontrar uno de sus principales soportes en la existencia de una sólida interlocución entre gobierno y sociedad, apoyada en una estructura de comunicación basada en principios de derecho a la comunicación y acceso a la información y en el compromiso de quienes ejercen el gobierno de actuar en consonancia con el deber de informar. Visto de este modo, los medios de comunicación no pueden quedar a merced de los intereses del poder político o económico. A los medios les corresponde ejercer una mediación entre ciudadanos y gobierno, entre opinión pública y sociedad. En otras palabras: es un derecho del ciudadano acceder a la información y participar, en el marco de la democracia, del sentido de las decisiones políticas. Esto es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su vigencia requiere de medidas políticas, de decisiones legislativas y de iniciativas sociales que lo garanticen. Si una sociedad renuncia a tomar decisiones en este sentido está resignando mejorar la calidad de la democracia.
Los medios pueden jugar distintos papeles en el marco de la gobernabilidad. Pueden convertirse en difusores de la demanda social, en correa de transmisión de las exigencias de los distintos sectores de la sociedad. Pueden actuar también como aliados del gobierno, como amplificadores de sus orientaciones y puntos de vista, de sus señalamientos políticos. Pueden concebirse también y de manera más integral como escenario; como ese espacio donde todos los actores sociales pueden encontrarse para intercambiar y dialogar. Esto último dicho sin la ingenuidad ni la pretensión de desconocer la inevitable y –en el mejor sentido– saludable lucha por el poder. Ninguna de estas posibilidades es excluyente de la otra. Todas se suman y complementan en el marco de la sociedad actual, “mediatizada” de manera definitiva. Lo mejor sería que la idea del “escenario” contenga a las otras (“difusores de la demanda social” o “aliados del gobierno”), porque aquélla es la que más contempla la posibilidad democrática, porque incluye la diversidad y la pluralidad, pero también porque la interlocución de los actores en ese escenario ayudará a ponderar cada posición en el marco del diálogo político, social y cultural.
En materia de legislación se requiere una autoridad de aplicación que exprese, de manera inequívoca, al conjunto de los actores de ese escenario plural y no sujeto a ninguno de ellos, porque de esta manera, aun por encima de la legalidad, se ganará en legitimidad. Pero en todos los casos la comunicación actual requiere responsabilidad. De parte de quienes ejercen la comunicación en los medios para expresar la demanda de manera comprensible y dimensionada, con la necesaria veracidad que incluye la necesidad de contextualizar, evitando dar la parte como si fuera el todo y dejando de lado los golpes de efecto producidos mediante el sensacionalismo. Del lado de quienes gobiernan para desplegar todas las medidas para que el derecho a la comunicación y la libertad de expresión se cimienten en la igualdad de oportunidades. Y por los actores sociales asumiendo que ejercer el derecho a la comunicación supone tomar la iniciativa, involucrarse y poner en juego la palabra para hacer diciendo.
Así planteada la comunicación puede ayudar a la gobernabilidad. Cualquier desbalanceo puede ser nefasto para la democracia. Desde este punto de vista, siendo importantes las normas serán siempre insuficientes. En materia de comunicación y gobernabilidad, la responsabilidad de los actores se ubica incluso por encima del cumplimiento estricto de las normas. Hay que construir entonces un capítulo de responsabilidad social de la comunicación basada en una perspectiva de derechos. Es otra de las tareas que tenemos por delante.