Artículo publicado en el Newsletter “Ambiente y Medio” de Sergio Federovisky
La pelea entre la asamblea de Gualeguaychú y el diario Clarín, que nació cuando el gran matutino argentino percibió que su actitud desarrollista de cabotaje no soportaría la afrenta de combatir a una empresa potencialmente anunciante, tuvo un nuevo capítulo a partir de una nota en la que se dejaba en claro que, como la Argentina no controla lo que ocurre en términos ambientales sobre el río Uruguay, Botnia era apenas una anécdota o un mal menor.
Los asambleístas entendieron esa nota como una nueva provocación, que se suma a las que recurrentemente hace el diario de Ernestina con sus consideraciones de “sentido común” en reclamo de la circulación libre en el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. El mismo sentido común que los llevó, siempre en su línea periodística medida y sensata, a enaltecer el corte de la ruta como el mayor ejemplo de participación y resistencia a la barbarie ambiental para luego denostarlo por pedirle “pasaporte” a quienes pretendan cruzar.
Haciendo uso de gran espíritu democrático y su incondicional apego a la trasparencia, Clarín inició una investigación para conocer –ingenuamente- todo lo que el Estado argentino hacía y sabía sobre la condición del ecosistema del río Uruguay. Pero hete aquí que sorpresivamente, en vez de recibir un caudal de informes y estudios, sólo obtuvo desazón.
Escribe Claudio Savoia, célebre por haber conducido la investigación contra Romina Picolotti que el diario canjeó luego por un acuerdo con Alberto Fernández:
“Planteada hace más de dos años, esta investigación tenía el objetivo de comprobar el verdadero interés oficial por la salud ambiental del río y su cuenca, recorriéndolo por completo para tomar muestras de agua y analizar su calidad: así podría verse cuán limpias y cuidadas estaban, qué otras amenazas contaminantes padecían y cuáles eran las acciones del gobierno para conjurarlas.
Pero una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a este diario a cambio de mantener su nombre en reserva, desalentó la idea: “por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación.
Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río”.
Clarín quiso chequear este intrigante diagnóstico. Con colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles, y a través de pedidos de acceso a la información pública, consultó a media docena de organismos para saber si existía un relevamiento integral de empresas y explotaciones agroganaderas que pudieran contaminar el río, si existen políticas para revertir la contaminación actual y prevenir la futura, y si hay un diagnóstico y un plan para gestionar el río Uruguay en todo el tramo argentino.
Las respuestas fueron casi calcadas. Ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios “para determinar si hay contaminación en el río Uruguay” por “no ser de su competencia”, ni tampoco “se han formulado políticas” al respecto, “ni existe plan ni diagnóstico” sobre la salud ambiental del río.
La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 “debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de aguas fluviales”, primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia de Clarín admitió que hace “los correspondientes relevamientos”, pero “por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión”. Qué lástima. Aunque suene increíble, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos dice que “no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay”, ni sobre las explotaciones agropecuarias locales.
Varios de estos organismos oficiales descargaron su responsabilidad en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el ente binacional señalado por todos como dueño de algunos de los datos que se buscaban.
Pero el secretario técnico de esa comisión se excusó de dar información “atento a las instrucciones recibidas por ambos gobiernos”, y sugirió canalizar el pedido a través de la Cancillería. Pasaron los meses, y la nueva solicitud de Clarín volvió a llegar hasta la CARU. Esta vez la respondió el presidente de la delegación argentina, el embajador Hernán Orduna. ¿Para brindar información? No, para negarla.
“Se trata de temas de carácter reservado”, dice el embajador, amparándose en la resolución 817/2006 del canciller Taiana. ¿Un detalle? Esa Comisión binacional sólo entiende en el tramo del río que comparten Argentina y Uruguay, unos 508 kilómetros, y ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación.
El señor periodista de Clarín se sorprende auténticamente porque en el río Uruguay se constata lo que ocurre en todo el país: la ausencia del Estado.
El problema es que en esta ocasión esa constatación sirve para que sutilmente, y así lo entendió la gente de Gualeguaychú, Botnia aparezca como un hecho sin gravedad o, al menos, como algo que carece de trascendencia en medio de semejante marasmo.
Entre las cosas que llegan a sorprender a este periodista que parece llegado de Noruega es que en el río Uruguay ocurra lo mismo que desde hace cien años en el Riachuelo, es decir, que se lo tome como caño de desagüe: “Además de contaminar, la suciedad cloacal ofrece una paradoja: es causada por los mismos vecinos que la padecen, y que muchas veces reclaman en las asambleas otras acciones ambientales”.
El problema es que lo que subyace es por qué se protesta contra una planta en regla y de origen finlandés, como la de Botnia, y no contra la caca propia.
La Asamblea de Gualeguaychú interpretó que ése es efectivamente el propósito que buscaba esa nota completamente extemporánea. La respuesta fue, precisamente, en esa dirección:
Ante la publicación en el matutino CLARÍN de artículos referidos al Río Uruguay, la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú expresa:
1. Que dichas notas manifiestan una parcialidad y la deliberada omisión de la fuente de mayor contaminación que afecta al Río Uruguay que es la planta ilegal de la empresa finlandesa Botnia, ubicada en cercanías de la ciudad de Fray Bentos, ROU.
2. Que no llama la atención esa actitud de dicho medio periodístico, que reiteradamente incurre en errores, tergiversaciones y falsedades en la cobertura de noticias vinculadas al impacto contaminante que Botnia provoca, indudablemente, en el ecosistema del Río Uruguay. En referencia a la contaminación en el Río Uruguay, ver:
http://www.noalaspapeleras.com.ar/Botnia%20FB_Quimicos%20Vertidos.pdf
http://www.noalaspapeleras.com.ar/informe_ecometrix.asp
3. Que sin perjuicio de este comunicado la Asamblea cursará una nota al Sr. Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, reclamando la publicación de una solicitada en Clarín para que se resguarde la verdad y de una vez por todas se responda a quiénes impulsan campañas contrarias a la legítima lucha del pueblo de Gualeguaychú y las comunidades del Río Uruguay.
4. Que en dicha nota también se incluirá mención a la molestia generada por la negativa del Plenario de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY a reunirse con esta Asamblea pese a que se efectuara el pedido formal hace 5 meses, siendo que hay importantísimos temas en agenda para tratar con ese organismo bilateral. Se deja en claro que la Delegación Argentina en la CARU ha acompañado la solicitud de la Asamblea.