Hace pocos días, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avaló la facultad de la policía para pedir documentos a personas en lugares públicos como forma de prevenir hechos delictivos y se desató la polémica.
Sobre este tema, les dejo un editorial de la CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e Institucional):
Como decíamos en el Boletín nº 775, el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo y reforzado aval a las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. El dato, puesto en contexto, no es una anécdota menor en la historia represiva de nuestro país. La averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones nos cuesta centenares de miles de detenciones arbitrarias por año. Calculamos (debemos calcular sobre la base de la experiencia, porque ningún gobierno, ni nacional ni provincial larga los números oficiales) que más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial no estaban acusadas de cometer un delito, sino que fueron víctimas de alguna de estas herramientas para el control social.
Pero también cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o “para identificar”. Eran, según el eufemismo policial/judicial, “demorados” o “contraventores”, no detenidos, arrestados o aprehendidos por orden judicial o delito flagrante.Buena parte de las detenciones arbitrarias se vincula directamente con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en estado de prostitución, artistas callejeros y todos los que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todos saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o ser hostigado sistemáticamente con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna ubicua trompada que recuerde al infractor que mejor que denunciar es arreglar. Y muchos de ellos son los que engrosan nuestro Archivo de Casos cuando, en la jerga policial, “resulta ser un flojito y se les queda”.
También están los esquemas algo más elaborados, que tantas veces hemos denunciado: la brigada “levanta” alguno bien vulnerable, por ejemplo con algún pasado de “conflicto con la ley”, y, siempre después de un par de golpes que funcionan como “incentivo”, le ordena que vuelva en un par de días con una suma de dinero variable o le arman una causa. Le pasó a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permitió la detención de los policías de la comisaría 30ª con las manos en la masa, pero también a Jorge “Chaco” González, que murió 14 días después por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisaría 5ª de Fiorito. O el aprovechamiento de estas facultades de llevarse alguien a la comisaría para “ablandarlo” y que admita hacerse cargo de algún delito que los policías no tienen ganas de investigar. Así murió Sergio Durán, a los 17 años en la comisaría 1ª de Morón, y desapareció Andrés Núñez en La Plata, en 1990.
El verano es propicio para estas prácticas extorsivas. Todos conocemos alguien que fue parado en la ruta con un farolito roto o el seguro vencido, y, una vez en la comisaría, fue forzado (siempre con el “incentivo”) a llamar a un familiar para que le mande dinero. Hasta ha ocurrido con turistas extranjeros, que debieron pagar su “rescate” con una remesa de euros, como hace unos años en Santa Fe.
Por eso, cuando denunciamos la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias no estamos simplemente defendiendo el derecho a caminar tranquilo por la calle, tengas la pinta que tengas. Es, también, la defensa de la vida de nuestros pibes, que nos convoca a organizarnos cada vez más.