Fuente: Newsletter Ambiente y Medio (Sergio Federovisky)
En las próximas semanas, Romina Picolotti deberá responder un agudo cuestionario elaborado por la Corte Suprema de Justicia referido a las acciones realizadas a favor del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo desde que hace un año el Tribunal dio lugar a la demanda de los vecinos contra el Estado y las empresas contaminantes. La Corte volvió a manifestar de este modo su disconformidad con lo actuado hasta el momento y con la calidad del plan presentado por Picolotti, que fue cuestionado formalmente por la Universidad de Buenos Aires, tras una auditoría solicitada por la justicia.
No se conoce en detalle la respuesta que enviará por escrito la secretaria de Medio Ambiente, pero sí se vislumbra cuál será la respuesta política que le dará a ese cuestionamiento. Hay que recordar que en la causa judicial (lo que las ONG han denominado el primer juicio contra la contaminación), los acusados de violar las leyes y, en particular, el artículo 41 que consagra el derecho a un ambiente sano son los estados nacional, provincial y porteño y unas 44 empresas (todas ellas de gran envergadura) que asientan sus plantas en la cuenca y que son a priori responsables de la contaminación.
Está claro que tanto los intereses como las supuestas culpabilidades del Estado y las empresas no son idénticas, puesto que al primer se lo juzgará en tanto su responsabilidad de mantener los controles adecuados y hacer cumplir las leyes vigentes, y a los privados se los podrá considerar culpables por la ejecución del daño sobre el curso de agua. Pero hasta el momento, siendo que las dos partes están en el banquillo de los acusados, no se había verificado en los hechos la distancia que existe entre uno y otro.
Y allí parece que radicará la estrategia mediática y política de Picolotti.
Hasta ahora, el festival de clausuras sobre la cuenca apuntó básicamente a empresas menores o de bajo perfil, y en casi todos los casos, por fuera de esas 44 que la Corte halló a priori responsables de la contaminación. La última semana Picolotti dio una señal de viraje: le puso faja de clausura a Danone, una multinacional láctea que seguramente no está habituada a prácticas contaminantes en su Francia natal.
Lo que circula en estos días en los pasillos de la Secretaría de Medio Ambiente indica que, en sintonía con el conflicto por desabastecimiento que el gobierno tiene con Shell y la idea de Esso del país, las nuevas clausuras pueden estar dirigidas a las empresas que pueblan el monstruoso polo petroquímico Dock Sud.
Desde la página web de MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, cuyo líder es el cineasta Fernando “Pino” Solanas) sugerían esta semana que “no sería una mala elección apuntar a las petroleras para empezar a imponer una remediación ambiental en la Cuenca Riachuelo-Matanza. Pero sin mezclar los tantos, para no dudar que los controles de precios son ‘sinceros’ e ‘imparciales’”.
La información en que la se basan las especulaciones señala que “la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó durante la semana inspecciones sobre residuos peligrosos en la zona de Dock Sud a las refinerías de Shell y Petrobras. Oficialmente este control responde al cumplimiento de la Ley de la Cuenca Matanza–Riachuelo (Ley 26.186), que designa autoridad de aplicación a la secretaría encabezada por Romina Picolotti y le confiere poder de policía. La Secretaría de Ambiente puede apercibir con multas, decomisar bienes, cerrar instalaciones o disponer clausuras de empresas cercanas a la orilla del Riachuelo, y parece querer demostrar que, si es necesario, no teme aplicar tales facultades. Mostrar las actividades que realiza, sirve también para fortalecer la imagen de Picolotti, ante las objeciones que viene sufriendo su accionar por parte de la Corte Suprema y la opinión pública”.
Dicho en buen romance, será más difícil acusar de inacción a Picolotti si entre los destinatarios de las fajas de clausura hay empresas hasta hoy intocadas en la Argentina y consuetudinarias contaminantes de la cuenca.
Pero como en política nadie da puntada sin hilo, en el sector petrolero se acepta esa hipótesis pero al mismo tiempo se comenta que es muy posible que las inspecciones sean parte de la puja por el control de precios. Mientras YPF, Petrobras y Esso anunciaron que revisarían los precios de combustibles para frenar o retrotraer aumentos, la ofensiva ambiental se dirige preferentemente a Shell, vieja enemiga del gobierno, que rechaza el control de precios y defiende los aumentos.
