Autor: Hernan Pablo Nadal

El máximo tribunal declaró admisible el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo para que se aplique la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La norma se encuentra suspendida por una medida cautelar de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La Corte giró el caso al Procurador General, Esteban Righi, para que emita un dictamen.

En su reunión de acuerdo celebrado esta mañana los ministros del Máximo Tribunal, por unanimidad, dieron curso favorable a la tramitación del planteo del gobierno y lo remitieron al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que emita su dictamen.

El caso que llegó a la Corte fue impulsado por el diputado mendocino Enrique Thomas (Peronismo Federal), que puso en tela de juicio el proceso de sanción de la ley y consiguió una medida cautelar que suspendió la aplicación de toda la norma.

Ante la Justicia de Mendoza, Thomas señaló supuestas violaciones reglamentarias en el trámite parlamentario. La jueza Olga Pura de Arrabal le dio la razón y dictó una medida cautelar que paralizó la aplicación del nuevo marco legal, íntegro, para los medios audiovisuales. Su fallo señalaba “la política acelerada que se ha impreso, tanto a la sanción de la ley como a los actos implementados para hacerla efectiva”.

Esta mañana, Damián Loretti, ex vicedecano de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA y ex director de la carrera de Comunicación Social, señaló que la Coalición por una Radiodifusión Democrática solicitará que se utilice el recurso de “amicus quriae”, en el que a través de una audiencia pública las partes interesadas puedan dar a conocer su posición. “La suspensión de la ley trae serios perjuicios a quienes no están contemplados en la norma y nosotros queremos reivindicar ese derecho contemplado en distintas acordadas de la Corte en casos de ‘interés relevante’ para la sociedad”, afirmó el académico.

Según explicó el procurador del Tesoro Joaquín Rocha esta mañana, luego de que Righi envíe su dictamen, “la Corte tendrá que resolver sobre el mantenimiento o no de la suspensión de la ley”. El funcionario admitió que ni la Corte ni el Procurador tienen un tiempo determinado para pronunciarse, aunque estimó que Righi “se tomará una semana o 10 días para analizar el recurso; y luego, la Corte, tendrá un tiempo igual”.

“En Mendoza se decidió sobre una cuestión abstracta. Se presentó un diputado que dijo que el procedimiento era irregular. Por ejemplo, si se presenta un empresario y dice que esto lo perjudica, se aplicaría una medida solo para ese caso pero no se generaliza como esta pasando. Si la Corte se manifiesta, esto tendrá influencia en todos los tribunales del país”, expresó Da Rocha.