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Activistas de Greenpeace desplegaron un banner en la sede europea del Banco Mundial en París, Francia.
El banner decía “Banco Mundial, No a la devastación de los Bosques Africanos”
40 millones de personas dependen de los bosques trópicales, sin embargo, los beneficios de la tala indiscriminada son para unos pocos.
Es un día frío y lluvioso en Inglaterra en 1982. En el camino que lleva a la Base Naval de Portsmouth una figura solitaria se agazapa en el único refugio en kilómetros a la redonda, una parada de ómnibus. Una fila de vehículos, incluyendo cuatro camiones de cargas pesadas, uno con equipo de radio, uno equipado para socorro y un autobomba avanza lentamente. El hombre en la parada, saca un trozo de papel y toma nota de la hora y una descripción exacta de los móviles. El es uno de los tantos voluntarios que forman parte de la red anti-nuclear que vigila el movimiento de las ojivas nucleares y sabe perfectamente hacia donde se dirigen: a completar las cargas de profundidad a bordo del buque HMS Sheffield.
Unos meses después, la nave fue hundida. Greenpeace emitió un comunicado en 1982 denunciando la presencia de armas nucleares a bordo del Sheffield. Sin embargo, las autoridades nunca confirmaron que hubiese armas en el buque.
El 5 de diciembre de 2003, el Ministerio de Defensa inglés admitió por primera vez que algunos de los barcos involucrados en el conflicto por las Malvinas en 1982 habían zarpado con cargas nucleares dispuestas para destruir submarinos. Más de veinte años después, el gobierno británico aceptó que teníamos razón. Pero no es suficiente.
Greenpeace exige el esclarecimiento definitivo sobre si había o no armas nucleares a bordo del Sheffield al momento en que este fue hundido, y de ser afirmativo, si éstas lograron ser rescatadas o si permanecen en las profundidades. El gobierno británico asegura que jamás ingresó armas nucleares a las aguas territoriales argentinas y que no había ninguna a bordo del Sheffield cuando este fue blanco de un misil Exocet.
Pero un reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica de 1991 confirma la presencia de armas nucleares abordo del Sheffield cuando éste fue hundido. Además, y para confirmar las sospechas, el Sheffield fue el único barco naufragado al cual se le realizaron operaciones de rescate por parte de un equipo especializado de buceo, cuya misión era la recuperación de “material estratégico”.
Es muy difícil creer que no había armas en el barco cuando este se hundió. Todos los movimientos de armas que se realizaron en el puerto de Portsmouth durante la guerra de Malvinas fueron monitoreados, y sabemos que el Sheffield fue cargado con un arsenal nuclear antes de partir. Luego abandonó Portsmouth y se dirigió hacia el Mediterráneo, desde donde fue redireccionado hacia el Atlántico Sur. El barco no volvió a tocar tierra, y si descargó las armas mientras estuvo en el mar, nunca nada regresó a la Base Naval. Entonces la verdadera pregunta al Ministerio de Defensa británico es cómo y dónde se retiró el arsenal del Sheffield antes de que se hundiese.
El Reino Unido dejó de desplegar sus armas nucleares en su flota naval en tiempos de paz, en parte, gracias a la campaña Mares libres de Armas nucleares, una coalición de organizaciones pacifistas que perseguía el objetivo de eliminar las armas nucleares de submarinos y barcos, entre los 80 y 90.
En 1991, los Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron el retiro de los misiles crucero submarinos de toda base naval, aunque cada uno lo hizo unilateralmente y sin compromisos vinculantes. Desde entonces, la marina estadounidense ha desarrollado la capacidad de equipar con misiles Tomahawk todos sus submarinos en sólo 30 días.
La marina de los Estados Unidos había propuesto la eliminación de esta capacidad, pero a fines de 2003 se dio a conocer a través de la revista “Inside the Navy”, que el ex secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld había decidido mantener vigente esta estructura de la guerra fría.
Poco tiempo después, el Reino Unido anunció su decisión de no eliminar su sistema marítimo de defensa, los misiles Trident, sino que serán reemplazados por armas nuevas, aun no definidas. Greenpeace continúa haciendo campaña en Gran Bretaña en contra de este proyecto, a pesar de la decisión del premier británico Tony Blair.
El gobierno de los Estados Unidos aprobó la designación de fondos para la investigación y el desarrollo de armas nucleares pequeñas y portátiles, diseñadas para ser utilizadas en el campo de batalla, lo cual incrementa y extiende alarmantemente la presencia nuclear en tiempos de guerra.
Las armas nucleares no pertenecen a la tierra, pero mucho menos aún a los mares. La presencia, una vez más, de misiles en nuestros océanos representa una inmensa escalada de peligrosas armas nucleares, aumentando trágicamente la posibilidad de accidentes. Lejos de fomentar y crear mayor seguridad, una inversión de estas características no hace más que devolvernos años atrás, a un mundo mucho más peligroso.
Aunque estoy de vacaciones, me quedé en Salta, por eso, y porque por suerte Hernán (Giardini) me cuenta, sé lo que sucede en la campaña todo el tiempo y aunque me hubiera ido de aquí, de alguna manera, lo sentiría lo mismo, porque uno se lleva dentro suyo toda la realidad del lugar de donde es.
Anoche le estuve contando a mucha gente allegada que tenemos ya la media sanción, todos comparten el entusiasmo, porque en realidad son muchos los que han cooperado con nosotros para mantener y lograr esto. Me dormí, pensando que hoy, tal lo prometido ayer, le debo poner flores a Shiva, un dios hindú que permite todo lo que los otros dioses no permiten.
Por eso salí temprano a comprar pan y buscar flores. Aquí amaneció lloviendo y aun no encontré ninguna vendedora cerca. Lo que sí encontré fue un tipo que iba en taxi y gritó: “atorrantes vayan a trabajar”. El Tribuno, también nos trata de “cuatro atorrantes”, no sé quien era el tipo, pero, como era delgado, a menos sé que no era el ex diputado Aparicio, (desmontador/narco, imputado por el crimen de Liliana Ledesma) que anda prófugo de la justicia, asi que éste no me asusta ni me preocupa. (Si fuera el otro, ahora estaría bajo cuatro llaves)
Si no hubiera pasado tan rápido, le podría haber dicho que yo estoy de vacaciones.
En fin. pareciera ser que esta lluvia suave ha venido para llevar nuestra noticia de alegría al monte, a los ríos y a los últimos jaguares que lo recorren. Tantas almas, tantas pasiones, tantas vidas son las que esperan que todo siga bien: trinos, raíces, semillas, rugidos, gritos de hombres y mujeres del campo celebran y acompañan este logro.
Sigamos resistiendo y reclamando por la libertad del monte, sobre todo el aquí condenado, trabajando por su vida, porque además de todo lo que vale, él y sus habitantes nos quieren muchísimo. Yo anduve ayer por su costado en las rutas, y por eso lo sé.
Un fuerte abrazo y gracias a todos, Noe
Greenpeace consideró hoy que la media sanción de la ley de bosques constituye un paso fundamental en la protección de los bosques nativos que deberá ahora ser refendado por el Senado Nacional, en concordancia con las prioridades ambientales establecidas por el presidente Néstor Kirchner en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias.
Esta noche, luego de un fuerte debate, la Cámara de Diputados le dio media sanción esta tarde al proyecto de Ley de Bosques, a pesar de la férrea resistencia de algunos diputados de las provincias con más alta tasa de deforestación del país, como Salta y Formosa, finalmente la Ley de Bosques ya cuenta con media sanción.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que fuera aprobada en general a fines del año pasado, fue tratada esta noche artículo por artículo hasta lograr la media sanción. La norma, tal como fue aprobada, establece una moratoria a los desmontes por un año o hasta que cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.
La Ley de Bosques fue impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones campesinas e indígenas como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).
“Estamos muy cerca de lograr algo esencial para el futuro de nuestros últimos bosques nativos, ya que el ordenamiento ambiental que propone la ley es un instrumento de política ambiental nacional fundamental, cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia”, explicó Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace Argentina.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
“Hoy se dio un primer paso muy importante para detener los desmontes irracionales que son cada vez más frecuentes en el norte de nuestro país y producen pérdida de biodiversidad, desertificación e inundaciones. La ley además protegerá a cientos de campesinos e indígenas que permanentemente son desalojados por las topadoras. Esperamos que los senadores también aprueben la ley para terminar con este desastre ambiental y social”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por culpa de la expansión agrícola (en la mayoría de los casos soja transgénica) y ganadera. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. A la destrucción del bosque para conversión en tierra de cultivo se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas, para uso industrial.
El Gobierno Nacional, en su Informe Geo Argentina 2004, consideró que “la Argentina se encuentra en estado de emergencia forestal y si se mantiene la meta de llegar a los cien millones de toneladas de producción de granos, tendría que extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 millones de hectáreas, con lo que en los próximos años estaríamos convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de la actual cobertura de bosques nativos”.
“De los bosques obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia: alimentos vegetales y animales, maderas y medicamentos; y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre. Por eso debemos detener los desmontes para poder planificar las actividades productivas sin hipotecar el futuro”, agregó Giardini.
BUENOS AIRES, 6 de febrero de 2007 – El ministro del Interior, Aníbal Fernández, comprometió hoy el apoyo del Gobierno Nacional a la ley de bosques, incluida dentro del temario de las sesiones extraordinarias que tratará la Cámara de Diputados en febrero y anunció la creación de una mesa de negociación para encontrar una solución al caso de Algarrobal Viejo, el pueblo santiagueño amenazado por un desmonte autorizado por la provincia de Salta.
Fernández, junto con el Subsecretario de Política Ambiental, Bruno Carpinetti, recibió hoy en la Casa Rosada a un grupo de “Madres del Monte” -que la semana pasada realizaron una protesta frente a la casa del presidente Néstor Kirchner, en El Calafate- a la presidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Nelly Véliz, y al director Político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.
“El ministro expresó el apoyo del Gobierno Nacional a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos y aseguró que el Poder Ejecutivo dialogará con los diputados oficialistas para compromterlos en la sanción de la ley”, sostuvo Villalonga, al término del encuentro que se prolongó por casi una hora.
Además, el ministro anunció la creación de una mesa de diálogo para encontrar una solución al caso de Algarrobal Viejo, el pueblo de donde son oriundas dos de las “Madres del Monte” que participaron de la reunión, Juana Rosario Arias y Delma Marcelina Aranda.
Según anunció Fernández, la mesa estará integrada por funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Medio Ambiente, por el MOCASE, pobladores de Algarrobal y los gobiernos de Salta y Santiago del Estero. Además, el ministro aseguró que existe un compromiso del gobierno de Salta de “no autorizar” el desmonte del monte límitrofe con el pueblo hasta que no se encuentre una solución al conflicto.
Las “Madres del Monte”, que habían acampado la semana pasada frente a la residencia del presidente Néstor Kirchner en El Calafate, levantaron su protesta el viernes pasado luego de que el Gobierno Nacional se comprometiera a recibirlas en la reunión que se concretó esta mañana, donde expresaron su desesperación por el acelerado proceso de destrucción de los bosques nativos de los que depende la substiencia de cientos de pequeñas localidades campesinas del norte argentino.
“La situación que se vive en Algarrobal Viejo es muy similar a la que viven muchísimos otros pueblos de nuestro país. Con los desmontes, los campesinos y los indígenas, tradicionales ocupantes de nuestros bosques, son desalojados por las topadoras, y muchas veces esto sucede con permiso de las provincias. Es por eso que necesitamos que de manera urgente se apruebe la Ley de Bosques”, señaló Arias.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo fue aprobada en general por la Cámara de Diputados en diciembre e incluida en el temario de las sesiones extraordinarias, para ser tratada en particular durante las sesiones que tendrán lugar en febrero.
El proyecto de ley establece una moratoria a los desmontes por 5 años o hasta tanto cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por culpa de la expansión agrícola (en la mayoría de los casos soja transgénica) y ganadera.
Por Miguel Jorquera
La casilla del correo electrónico de la Jefatura de Gabinete se atiborró con miles de e-mails enviados por ambientalistas que reclamaban la inclusión de la emergencia forestal entre las prioridades parlamentarias del Gobierno. Pero recién ayer, el ministerio que dirige Alberto Fernández y la propia secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, admitieron que la “ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos” está incluida en la lista de temas que completan el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo enviará a fin de mes al Parlamento. Pero el proyecto original, impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, ya tiene la aprobación en general de la Cámara baja, aunque nunca avanzó en el tratamiento de sus artículos y lo dejó en un extraño estado legislativo a mitad de camino entre la sanción y el rechazo. Todo cruzado por una sórdida puja dentro del bloque oficialista.
La conferencia de prensa era para el anuncio de la reforma del sistema previsional, pero Alberto Fernández reconoció ahí la intensa campaña de los grupos ambientalistas que llenaron de correos electrónicos la página web de su ministerio. Luego, desde la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Medio Ambiente afirmaron que la emergencia forestal será parte de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para comienzo de febrero. “Esperamos que sea sancionada, porque es muy importante para el presente y para el futuro y para cuidar el patrimonio de los argentinos”, señaló Picolotti con cierto optimismo porque la ley no vuelva a tener tropiezos legislativos que no pudo sortear el año pasado. “No se trata de volver intocable al bosque en el país”, afirmó la funcionaria. La emergencia sólo regulará los desmontes que se paralizarán hasta que un relevamiento nacional establezca la situación en cada lugar del país.
Pero estos mismos argumentos tampoco lograron torcerles el brazo a los propios legisladores del Frente para la Victoria que se oponían a la iniciativa. Todos ellos, abroquelados detrás de las políticas implementadas por los gobiernos de las provincias de Salta, Misiones y Formosa, y otras del nordeste argentino. Los gobernadores no quieren resignar la autoridad sobre los permisos para desmontes ni atarse a una legislación que le ponga límites.
Su férrea resistencia logró tachar dos veces la “emergencia forestal” del temario de las sesiones en la Cámara de Diputados y sólo aceptó su aprobación en general antes que la confrontación en el oficialismo estallara públicamente y después de introducir no pocas modificaciones al proyecto original. Entre ellas, la consulta obligatoria a las comunidades indígenas que habitan los bosques nativos antes de que sean talados.
En esa oportunidad, Bonasso prefirió exponer la confrontación legislativa en términos económicos y no políticos: “El estancamiento del tema es producto del lobby sojero”, dijo el diputado para graficar la expansión de ese cultivo sobre las tierras de los bosques nativos arrasados.
De acuerdo con un informe oficial elaborado en 2004, Argentina perdió en los últimos 70 años más del 70 por ciento de su patrimonio forestal nativo, ya que pasó de las 107 millones de hectáreas que ocupaban en 1935 a los sólo 33 millones que se conservan en la actualidad. “El problema es que desde que se conoció la ley se incrementó el proceso de entrega de permisos para desmonte, sobre todo en Salta, que por día entrega de 10 mil a 25 mil hectáreas”, denunció Hernán Giardini, de Greenpeace.
El bloque oficialista del Frente para la Victoria no lograba hoy cerrar un acuerdo interno para imponer su mayoría para la votación en particular de la ley de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos, ante la presión de las provincias desmontadoras que buscan dilatar el tratamiento de la norma, mientras siguen permitiendo la destrucción de los últimos bosques nativos.
La situación que se plantea en el Congreso Nacional muestra nuevamente la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ya que el presidente Néstor Kirchner, sostuvo que “la preservación de los bosques nativos” era una de las tres prioridades ambientales de su gobierno (1).
Greenpeace denunció, además, que mientras los diputados no logran dar media sanción a la ley -ya aprobada en general- con excusas infantiles y sin fundamento técnico y político, la provincia de Salta ha autorizado, en las últimas semanas, el desmonte de 20 mil héctareas de bosques, una superficie que representa tres cuartas partes de la de Ciudad de Buenos Aires (2)
“Claramente siguen demorando la aprobación de esta importantísima Ley. La actitud de algunos diputados da vergüenza, ya que se dejan presionar justamente por quienes son los máximos responsables de que este desastre ambiental siga ocurriendo y que evidentemente tienen intereses económicos que van en detrimento de nuestros bosques nativos”, señaló Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace Argentina.
La Ley de Bosques fue impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones campesinas e indígenas como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), pero sin embargo es fuertemente resistida por los sectores madereros y sojeros y por las provincias del norte que planean expandir estas actividades.
El proyecto también fue apoyado por la secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, quien consideró que la norma constituye “un instrumento legal indispensable para detener el proceso de rápido deterioro actual y comenzar a solucionar el problema” (3).
El Gobierno Nacional, en su Informe Geo Argentina 2004, consideró que “la Argentina se encuentra en estado de emergencia forestal y si se mantiene la meta de llegar a los cien millones de toneladas de producción de granos, tendría que extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 millones de hectáreas, con lo que en los próximos años estaríamos convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de la actual cobertura de bosques nativos”.
Notas:
(1) “Nuestro Gobierno ha puesto en marcha políticas y medidas, que constituyen una expresión de la voluntad de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como, la protección de los ecosistemas. Como parte de esas decisiones se incluye en primer término la promoción de las energías de fuentes renovables en orden a asegurar su participación creciente en la matriz energética, la búsqueda de la eficiencia energética mediante programas dirigidos a tal fin, y la preservación de los bosques nativos.” Discurso del Presidente Néstor Kirchner en la COP10 (Décima Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las naciones Unidas), 15 de diciembre de 2004.
(2) A partir del 29 de noviembre pasado, en el diario “El Tribuno”, de Salta, se publicaron seis convocatorias a Audiencias Publicas. En menos de un mes se autorizarán desmontes por 21.751 ha.
(3) Nota de opinión publicada en el diario Página 12 (06/12/06/) disponible en Internet en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-77292-2006-12-06.html
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Del Newsletter “Ambiente y Medio” de Sergio Federovisky
Esta última semana, tras varias postergaciones y operaciones diversas que llevaron a que Greenpeace denunciara a un puñado de diputados norteños por boicotear la iniciativa, se aprobó en general la ley de bosques. Esta semana deberá tratarse en particular, aunque se presupone que las presiones serán de tal magnitud que prevalecerá un criterio que morigerará el espíritu original de la norma. El propósito que llevaba esta iniciativa, además de frenar los desmontes a través de una moratoria, era establecer criterios muy estrictos para futuras autorizaciones de tala. Sin embargo, a último momento, el miércoles pasado apareció la idea de autorizar los desmontes con apenas una declaración jurada de las empresas. Conociendo los intereses en juego, la idea es una barbaridad. Sólo hay que recordar que –con el fin de sembrar soja- la provincia de Salta vendió una reserva y otra provincia, Chaco, no puede explicar la disminución grosera de las tierras fiscales vírgenes en apenas cinco años.
Hernán Giardini, de la organización Greenpeace Argentina, advirtió que en esa votación pormenorizada que se efectuará esta semana “está en riesgo el espíritu de la norma ya acordada”.
La iniciativa, aprobada por 150 legisladores sobre un total de 176 presentes, establece el alto a los desmontes hasta que cada provincia tenga su propio plan de ordenamiento territorial. Pero diputados que impulsaron la norma aseguran que algunos gobiernos provinciales presionan para que la moratoria sea de adhesión voluntaria. Es decir, inexistente.
La ley no es menor. Pretende frenar una pérdida estimada en al menos 250.000 hectáreas por año para favorecer el avance de la agricultura intensiva y la ganadería.
Una vez sancionada la ley, “cualquier desmonte será ilegal, incluso los que se realizan con el supuesto amparo de las autoridades provinciales”, advirtió. De allí la fuerte resistencia de gobernadores y legisladores de provincias norteñas.
Igualmente, aunque el miércoles lo aprobara la Cámara de Diputados, la norma debe ir luego al Senado, el feudo de las provincias.
La iniciativa declara transitoriamente la emergencia forestal en todo el territorio y prohíbe los desmontes sin previa autorización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para que el organismo ceda el permiso, cada jurisdicción deberá presentar un plan de ordenamiento de su territorio.
El plan de cada provincia deberá establecer distintas categorías de bosques nativos de acuerdo a la superficie mínima requerida para ser hábitat de especies nativas, a su vinculación con otras comunidades naturales, su estado de conservación, si alberga o no especies raras o en extinción, su potencial agrícola o forestal, etcétera.
Según estos criterios, las zonas verdes –o categoría III– son de bajo valor de conservación y pueden ser transformadas total o parcialmente. Las amarillas –categoría II– tienen un mediano valor de conservación y pueden ser destinadas solo a actividades sustentables, como recolección, turismo e investigación.
Los bosques que sean clasificados con el color rojo, es decir categoría I, serán aquellos de “muy alto valor de conservación” y por lo tanto no deberán modificarse. Sólo después de presentar esta categorización, la Secretaría de Ambiente levantará la prohibición de desmontar, según el proyecto.
Una vez sorteado el embargo, cada interesado deberá presentar un estudio de impacto ambiental a la autoridad competente en cada jurisdicción. Si se trata de un bosque en el que viven pueblos originarios, las comunidades deberán dar su consentimiento a la tala por escrito.
En este punto, legisladores de provincias forestales o que favorecen la expansión de las actividades agropecuarias intensivas, preferirían que en lugar de un estudio de impacto ambiental se exigiera una declaración jurada por parte del inversor.
La nota a Marcelo Iñarra, director de Marketing y Movilización Pública de Greenpeace Internacional.