Categoría: ley de bosques

Ministro del Interior comprometió apoyo a la Ley de Bosques

LAS ‘MADRES DEL MONTE’, GREENPEACE Y EL MOCASE FUERON RECIBIDOS EN LA CASA ROSADA.

EL GOBIERNO ANUNCIO QUE INTERVENDRA EN EL CASO DE “ALGARROBAL VIEJO”


BUENOS AIRES, 6 de febrero de 2007 – El ministro del Interior, Aníbal Fernández, comprometió hoy el apoyo del Gobierno Nacional a la ley de bosques, incluida dentro del temario de las sesiones extraordinarias que tratará la Cámara de Diputados en febrero y anunció la creación de una mesa de negociación para encontrar una solución al caso de Algarrobal Viejo, el pueblo santiagueño amenazado por un desmonte autorizado por la provincia de Salta.

Fernández, junto con el Subsecretario de Política Ambiental, Bruno Carpinetti, recibió hoy en la Casa Rosada a un grupo de “Madres del Monte” -que la semana pasada realizaron una protesta frente a la casa del presidente Néstor Kirchner, en El Calafate- a la presidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Nelly Véliz, y al director Político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.

“El ministro expresó el apoyo del Gobierno Nacional a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos y aseguró que el Poder Ejecutivo dialogará con los diputados oficialistas para compromterlos en la sanción de la ley”, sostuvo Villalonga, al término del encuentro que se prolongó por casi una hora.

Además, el ministro anunció la creación de una mesa de diálogo para encontrar una solución al caso de Algarrobal Viejo, el pueblo de donde son oriundas dos de las “Madres del Monte” que participaron de la reunión, Juana Rosario Arias y Delma Marcelina Aranda.

Según anunció Fernández, la mesa estará integrada por funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Medio Ambiente, por el MOCASE, pobladores de Algarrobal y los gobiernos de Salta y Santiago del Estero. Además, el ministro aseguró que existe un compromiso del gobierno de Salta de “no autorizar” el desmonte del monte límitrofe con el pueblo hasta que no se encuentre una solución al conflicto.

Las “Madres del Monte”, que habían acampado la semana pasada frente a la residencia del presidente Néstor Kirchner en El Calafate, levantaron su protesta el viernes pasado luego de que el Gobierno Nacional se comprometiera a recibirlas en la reunión que se concretó esta mañana, donde expresaron su desesperación por el acelerado proceso de destrucción de los bosques nativos de los que depende la substiencia de cientos de pequeñas localidades campesinas del norte argentino.

“La situación que se vive en Algarrobal Viejo es muy similar a la que viven muchísimos otros pueblos de nuestro país. Con los desmontes, los campesinos y los indígenas, tradicionales ocupantes de nuestros bosques, son desalojados por las topadoras, y muchas veces esto sucede con permiso de las provincias. Es por eso que necesitamos que de manera urgente se apruebe la Ley de Bosques”, señaló Arias.

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo fue aprobada en general por la Cámara de Diputados en diciembre e incluida en el temario de las sesiones extraordinarias, para ser tratada en particular durante las sesiones que tendrán lugar en febrero.

El proyecto de ley establece una moratoria a los desmontes por 5 años o hasta tanto cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.

La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por culpa de la expansión agrícola (en la mayoría de los casos soja transgénica) y ganadera.

La Ley de Bosques se tratará en Extraordinarias

Por Miguel Jorquera

La casilla del correo electrónico de la Jefatura de Gabinete se atiborró con miles de e-mails enviados por ambientalistas que reclamaban la inclusión de la emergencia forestal entre las prioridades parlamentarias del Gobierno. Pero recién ayer, el ministerio que dirige Alberto Fernández y la propia secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, admitieron que la “ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos” está incluida en la lista de temas que completan el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo enviará a fin de mes al Parlamento. Pero el proyecto original, impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, ya tiene la aprobación en general de la Cámara baja, aunque nunca avanzó en el tratamiento de sus artículos y lo dejó en un extraño estado legislativo a mitad de camino entre la sanción y el rechazo. Todo cruzado por una sórdida puja dentro del bloque oficialista.

La conferencia de prensa era para el anuncio de la reforma del sistema previsional, pero Alberto Fernández reconoció ahí la intensa campaña de los grupos ambientalistas que llenaron de correos electrónicos la página web de su ministerio. Luego, desde la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Medio Ambiente afirmaron que la emergencia forestal será parte de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para comienzo de febrero. “Esperamos que sea sancionada, porque es muy importante para el presente y para el futuro y para cuidar el patrimonio de los argentinos”, señaló Picolotti con cierto optimismo porque la ley no vuelva a tener tropiezos legislativos que no pudo sortear el año pasado. “No se trata de volver intocable al bosque en el país”, afirmó la funcionaria. La emergencia sólo regulará los desmontes que se paralizarán hasta que un relevamiento nacional establezca la situación en cada lugar del país.

Pero estos mismos argumentos tampoco lograron torcerles el brazo a los propios legisladores del Frente para la Victoria que se oponían a la iniciativa. Todos ellos, abroquelados detrás de las políticas implementadas por los gobiernos de las provincias de Salta, Misiones y Formosa, y otras del nordeste argentino. Los gobernadores no quieren resignar la autoridad sobre los permisos para desmontes ni atarse a una legislación que le ponga límites.

Su férrea resistencia logró tachar dos veces la “emergencia forestal” del temario de las sesiones en la Cámara de Diputados y sólo aceptó su aprobación en general antes que la confrontación en el oficialismo estallara públicamente y después de introducir no pocas modificaciones al proyecto original. Entre ellas, la consulta obligatoria a las comunidades indígenas que habitan los bosques nativos antes de que sean talados.

En esa oportunidad, Bonasso prefirió exponer la confrontación legislativa en términos económicos y no políticos: “El estancamiento del tema es producto del lobby sojero”, dijo el diputado para graficar la expansión de ese cultivo sobre las tierras de los bosques nativos arrasados.

De acuerdo con un informe oficial elaborado en 2004, Argentina perdió en los últimos 70 años más del 70 por ciento de su patrimonio forestal nativo, ya que pasó de las 107 millones de hectáreas que ocupaban en 1935 a los sólo 33 millones que se conservan en la actualidad. “El problema es que desde que se conoció la ley se incrementó el proceso de entrega de permisos para desmonte, sobre todo en Salta, que por día entrega de 10 mil a 25 mil hectáreas”, denunció Hernán Giardini, de Greenpeace.

¿Habrá alguna vez verdadera ley de bosques?

Del Newsletter “Ambiente y Medio” de Sergio Federovisky


Esta última semana, tras varias postergaciones y operaciones diversas que llevaron a que Greenpeace denunciara a un puñado de diputados norteños por boicotear la iniciativa, se aprobó en general la ley de bosques. Esta semana deberá tratarse en particular, aunque se presupone que las presiones serán de tal magnitud que prevalecerá un criterio que morigerará el espíritu original de la norma. El propósito que llevaba esta iniciativa, además de frenar los desmontes a través de una moratoria, era establecer criterios muy estrictos para futuras autorizaciones de tala. Sin embargo, a último momento, el miércoles pasado apareció la idea de autorizar los desmontes con apenas una declaración jurada de las empresas. Conociendo los intereses en juego, la idea es una barbaridad. Sólo hay que recordar que –con el fin de sembrar soja- la provincia de Salta vendió una reserva y otra provincia, Chaco, no puede explicar la disminución grosera de las tierras fiscales vírgenes en apenas cinco años.

Hernán Giardini, de la organización Greenpeace Argentina, advirtió que en esa votación pormenorizada que se efectuará esta semana “está en riesgo el espíritu de la norma ya acordada”.

La iniciativa, aprobada por 150 legisladores sobre un total de 176 presentes, establece el alto a los desmontes hasta que cada provincia tenga su propio plan de ordenamiento territorial. Pero diputados que impulsaron la norma aseguran que algunos gobiernos provinciales presionan para que la moratoria sea de adhesión voluntaria. Es decir, inexistente.

La ley no es menor. Pretende frenar una pérdida estimada en al menos 250.000 hectáreas por año para favorecer el avance de la agricultura intensiva y la ganadería.

Una vez sancionada la ley, “cualquier desmonte será ilegal, incluso los que se realizan con el supuesto amparo de las autoridades provinciales”, advirtió. De allí la fuerte resistencia de gobernadores y legisladores de provincias norteñas.

Igualmente, aunque el miércoles lo aprobara la Cámara de Diputados, la norma debe ir luego al Senado, el feudo de las provincias.

La iniciativa declara transitoriamente la emergencia forestal en todo el territorio y prohíbe los desmontes sin previa autorización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para que el organismo ceda el permiso, cada jurisdicción deberá presentar un plan de ordenamiento de su territorio.

El plan de cada provincia deberá establecer distintas categorías de bosques nativos de acuerdo a la superficie mínima requerida para ser hábitat de especies nativas, a su vinculación con otras comunidades naturales, su estado de conservación, si alberga o no especies raras o en extinción, su potencial agrícola o forestal, etcétera.

Según estos criterios, las zonas verdes –o categoría III– son de bajo valor de conservación y pueden ser transformadas total o parcialmente. Las amarillas –categoría II– tienen un mediano valor de conservación y pueden ser destinadas solo a actividades sustentables, como recolección, turismo e investigación.

Los bosques que sean clasificados con el color rojo, es decir categoría I, serán aquellos de “muy alto valor de conservación” y por lo tanto no deberán modificarse. Sólo después de presentar esta categorización, la Secretaría de Ambiente levantará la prohibición de desmontar, según el proyecto.

Una vez sorteado el embargo, cada interesado deberá presentar un estudio de impacto ambiental a la autoridad competente en cada jurisdicción. Si se trata de un bosque en el que viven pueblos originarios, las comunidades deberán dar su consentimiento a la tala por escrito.

En este punto, legisladores de provincias forestales o que favorecen la expansión de las actividades agropecuarias intensivas, preferirían que en lugar de un estudio de impacto ambiental se exigiera una declaración jurada por parte del inversor.