Un nuevo relevamiento llevado a cabo por Poder Ciudadano señala que todavía es dispar el grado de cumplimiento de la norma que obliga a los funcionarios a publicar sus audiencias de gestión de intereses en internet. También enumera debilidades y fortalezas tanto del decreto, como de su aplicación.
(INFOCIVICA, 9 de agosto de 2006).- Poder Ciudadano presentó un nuevo informe del monitoreo realizado sobre el cumplimiento del decreto 1172/03 “Mejora de la calidad de la Democracia y sus Instituciones” en lo que se refiere a la publicidad de gestión de intereses, disposición que obliga a los funcionarios a publicar los encuentros que tuvieron la finalidad de influir en las decisiones de su gestión.
Entre sus conclusiones, la ONG resaltó que si bien la existencia misma del “Decreto 1172/03 constituye un avance sumamente importante en materia de acceso a la información(…)es fundamental resaltar que para que la norma logre un mayor alcance, para que su implementación permita un efectivo acceso a la información, y para que en última instancia logre el cometido de ampliar el acceso a la información pública, transparente la gestión pública, y disminuya los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios públicos, existen algunos aspectos a mejorar”.
En este sentido, Pilar Arcidiácono del Área de Transparencia y Anticorrupción de Poder Ciudadano, expresó que “la existencia de esta norma, es un avance fundamental respecto de la transparencia y el acceso a la información en la gestión pública. Sin embargo, debemos hacer hincapié en la necesidad de que exista la voluntad de los funcionarios en hacerla cumplir. Por otro lado, su efectiva implementación requiere de una ciudadanía participativa que se apropie de la norma”.
El estudio se llevó a cabo entre enero y junio de 2006 y utilizó como fuente la página www.mejordemocracia.gov.ar y las páginas web institucionales de algunos de los organismos observados. En total, fueron 22 las dependencias monitoreadas del Poder Ejecutivo, entre ellas, Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, los ministerios de Economía, Interior, Planificación Federal, Trabajo, Justicia, Desarrollo Social, Defensa, Educación, Relaciones Exteriores y Salud; Jefatura de Gabinete y la SIDE, entre otros.
El informe enumera las principales fortalezas y debilidades de la norma y de su implementación. Entre las fortalezas destaca algunos avances en materia normativa como la existencia misma del decreto 1172/03, que en lo que hace a la publicidad de las audiencias de los funcionarios: “constituye un avance relevante en materia de transparencia en la gestión pública” dice la ONG.
También distingue positivamente una mejor y mayor utilización de la página www.mejordemocracia.gov.ar, en tanto registro único de audiencias. A través de este sitio, los ciudadanos pueden acceder a información relativa al contenido de la normativa en cuestión como así también de normativa relacionada, acciones de implementación, información sobre los enlaces de las distintas dependencias, preguntas, entre otros vínculos.
En cuanto a las debilidades observadas, Poder Ciudadano encontró algunos aspectos que pueden trabajarse y mejorar, como por ejemplo, el mecanismo de denuncias y sanciones de la norma, y las funciones que debe cumplir el organismo de aplicación. De acuerdo al art. 10, los funcionarios que incumplan con las obligaciones estipuladas incurrirán en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberles conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación; mientras que respecto del mecanismo de denuncias, el art. 12 menciona que pueden formularse denuncias por incumplimiento de la norma. Sin embargo, hay poca claridad en el texto de la norma respecto de las facultades de la Oficina Anticorrupción como autoridad receptora de denuncias.
Otra debilidad identificada por algunos actores consultados en el informe, es la naturaleza misma de la norma, por el hecho de ser un decreto y no una ley. “El alcance que posee, y el hecho de ser de aplicación solo al PEN, le resta repercusión sobre el resto de los Poderes del Estado, tan expuestos a la Gestión de Intereses como aquel” concluye el estudio y aconseja “la sanción de una ley que daría más visibilidad a la temática de la Gestión de Intereses, así como su aplicación sobre el resto de los Poderes”.
Desde el punto de vista cuantitativo, el informe señala que “los titulares del Ministerio del Interior (986 audiencias), Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (183), y Jefatura de Gabinete (159) son aquellos funcionarios que mayor cantidad de audiencias publican. Por otro lado, entre los titulares de carteras con escasa publicación de información se encuentran: SEDRONAR (9 audiencias), Secretaría de Cultura (3), y finalmente, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2). Este último caso resulta altamente sugestivo, ya que se considera, a priori, una cartera fuertemente expuesta a la gestión de intereses, por parte de diferentes grupos, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, entre otras. En este sentido, llama considerablemente la atención que su titular sólo haya mantenido a lo largo de 6 meses, 2 audiencias cuyo objetivo haya sido el influir en su gestión”.
Asimismo, la ONG calificó como “llamativa” la falta de publicación de audiencias por parte de algunos de los funcionarios analizados en el informe, lo que una debilidad importante. Por ejemplo, los casos de la Secretaría Legal y Técnica, la Casa Militar, y la SIDE, que no han publicado ninguna información respecto de las audiencias mantenidas por los titulares de esas carteras. En este último caso, no fue posible siquiera acceder a su página web institucional, ni se ha encontrado información al respecto a través de www.mejordemocracia.gov.ar.
“La necesidad de transparentar, fortalecer canales de acceso a la información, promover una dinámica de “ida y vuelta”, “rendición de cuentas y control activo” entre los funcionarios y los ciudadanos, resulta una conclusión válida del presente informe. Disminuir los espacios privados donde los funcionarios definen las políticas públicas que afectaran a todos, es una condición inevitable y fundamental para satisfacer dichas necesidades”, finaliza el informe.
El Decreto 1172/03 ha sido promovido desde la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia y publicado en el Boletín Oficial el día 4 de diciembre de 2003, momento a partir del cual entra en vigencia. Esta Subsecretaría se constituye a su vez, como la autoridad de aplicación del Reglamento de Registro de Audiencias de Gestión de Intereses, y del Acceso a la Información Pública. Asimismo, en los casos en que las áreas involucradas lo requieran, participa como Organismo Coordinador en los Reglamentos de Audiencias Públicas y Elaboración participativa de normas.
El decreto plantea diversos mecanismos a fin de aumentar la transparencia en la gestión pública a nivel del PEN, facilitar el acceso a la información en dicho ámbito, y promover la participación de la ciudadanía en la gestión de gobierno. Los mecanismos propuestos a tal fin son: las Audiencias Públicas; Publicidad de la Gestión de intereses; Elaboración participativa de normas; Acceso a la Información Pública; Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos; y Gratuidad del Boletín Oficial de la República Argentina.
Desde mayo de 2004, Poder Ciudadano realiza en forma sistemática el monitoreo del cumplimiento del Decreto 1172/03, en lo que se refiere al componente de “Gestión de Intereses.
Aquellas personas interesadas en consultar el informe en su totalidad, pueden hacerlo ingresando a la página de Poder Ciudadano
Para mayor información comunicarse con Pilar Arcidiácono del Area de Transparencia y Anticorrupción de Poder Ciudadano al (011) 4331-4925 interno 215 o al 15-5369-0764 o al mail: pilar@poderciudadano.org