Poder Ciudadano publicó hoy un análisis del gasto de la campaña electoral porteña, elaborado en base a los informes presentados por los partidos. Resalta la existencia de gastos que no se declaran, entre otras irregularidades.
(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 31 de Mayo de 2007) La inflación no parece haber afectado a las campañas a Jefe de Gobierno porteño 2007, cuyos costos se mantienen casi intactos desde 2003.
De este modo, los partidos estarían gastando –o previendo gastar—dentro del tope de 40 centavos por elector establecido por ley, en sintonía con lo que gastaron hace cuatro años. Sin embargo, hay gastos que permanecen escondidos.
Los datos surgen del análisis que Poder Ciudadano realizó sobre los informes financieros previos que los partidos habrían entregado a la Auditoría General de la Ciudad. A pedido de Poder Ciudadano, la Alianza Coalición Cívica, el Frente para la Victoria, el MST, Buenos Aires para Todos y PRO facilitaron copias de esta documentación a la ONG. A pesar de reiterados pedidos, no se pudo acceder al informe presentado por Más Buenos Aires; tampoco se encuentra publicado en las páginas oficiales del partido ni en el blog de Jorge Telerman.
Rastrear los gastos que efectivamente realizaron los partidos es una tarea difícil. Por empezar, no se revela el nombre de las imprentas que producen los afiches en la vía pública.
Según el artículo 4 de la Ley 268, la publicidad de este tipo debe “contener sin excepción la identificación de la imprenta que la realice”.
Dos de los tres candidatos con mayor intención de voto, Daniel Filmus y Jorge Telerman, violan esta normativa.
Si bien la Auditoría General viene señalando desde 2000 esta y otras irregularidades, las sanciones que debería aplicar el Tribunal Superior de Justicia brillan por su ausencia.
Otro dato que permanece oculto es el gasto de las encuestas. El pasado 6 de mayo, Clarín dio a conocer el listado de encuestadoras contratadas por los tres candidatos con mayor intención de voto. Sin embargo, ni el PRO –que trabaja con Julio Aurelio-, ni Actitud Buenos Aires –que contrata los servicios de Management and Fit, Poliarquía y Opinión Autenticada—, ni el Frente para la Victoria –CEOP y Ricardo Rouvier—declaran estos gastos. Estos no son montos menores: una nota reciente en la revista Noticias estima que cada sondeo cuesta entre 20 y 30 mil pesos.
El uso de la publicidad oficial es otro método de propaganda encubierta, que ensombrece la estimación del costo real de las campañas.
Poder Ciudadano señala la transformación gráfica de la campaña publicitaria del Gobierno de la Ciudad “Actitud Buenos Aires / A + Buenos Aires / A + BA”, en la que actualmente promueve la postulación de Jorge Telerman como candidato de la alianza “+ Buenos Aires”.
A modo de ejemplo, el informe incluye tres fotos.
A pesar de todo esto, en los papeles, los partidos se ajustan a la ley.
Los gastos que prevén están dentro del tope establecido por la Ley 268. Según esta norma, el máximo total de gastos permitidos por ley para la primera vuelta son 1.025.382 pesos por lista.
Gasto total previsto declarado
|
Partido |
Gasto total previsto |
|
Coalición Cívica |
703.467 |
|
Frente para la Victoria* |
2.000.000 |
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Movimiento Socialista de Trabajadores |
62.902 |
|
PRO* |
1.995.310 |
|
Partido Buenos Aires para Todos |
433.938 |
Fuente: Poder Ciudadano sobre la base de los informes enviados por estos cinco partidos
*Presenta una lista de candidatos a Jefe y Vicejefe de Gobierno, y otra a legisladores.
Al respecto, Laura Alonso, Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano, declara: “El tope de gastos es ficticio: es el mismo que el de hace siete años”.
“Hay tres posibilidades –argumenta—O bien los costos de las campañas son los mismos, o las campañas se volvieron más austeras o se están ocultando gastos”.
Poder Ciudadano, que desde hace ocho años monitorea el financiamiento de las campañas, se inclina por esta última interpretación.
Otra de las observaciones que recoge el informe se relaciona con el aporte público.
Para Poder Ciudadano, es llamativo que ningún partido haya recibido los fondos públicos que le corresponde.
Alonso explica las razones: “En algunos casos tiene que ver con que los partidos no abrieron la cuenta bancaria única que les exige la ley.
En otros casos, el Banco Ciudad genera impedimentos para la apertura de esa cuenta o se producen retrasos significativos en la transferencia de estos fondos desde el GCBA a los partidos”, explica.
Este dato es relevante, particularmente para los partidos pequeños o medianos, para quienes el aporte público constituye la mayor parte de los recursos disponibles para financiar su campaña.
Para acceder al informe completo haga click aquí
