Categoría: medio ambiente

El cambio climático ya está entre nosotros

Artículo publicado en “Ambiente y Medio”, newsletter de Sergio Federovisky

El cambio climático es “inequívoco” y lo demuestran las observaciones científicas de aumento de la temperatura del aire y del océano, de la fusión generalizada de nieves y hielos y del incremento del promedio mundial del nivel del mar, de acuerdo al informe de síntesis del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, cuyos científicos ganaron el premio Nobel de la Paz en 2007.

Además, el calentamiento está provocado por el hombre, y sobre todo por el modelo de desarrollo del último siglo, muy dependiente de combustibles fósiles. Los datos científicos lo demuestran: las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial, un 70% entre 1970 y 2004, según el IPCC.

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2005 excedían ya los valores de los últimos 650.000 años. Los escépticos que organizan el simposio de marzo aseguran que “nuevas evidencias muestran que el dióxido de carbono no es un gas de efecto invernadero muy poderoso”, pero los expertos del IPCC han probado que el CO2 es el gas de efecto invernadero de origen antropogénico más importante, y sus emisiones aumentaron un 80% entre 1970 y 2004.
Son evidentes los numerosos efectos del cambio climático en todos los continentes. Once de los doce años de 1995 a 2006 han sido los más cálidos de los registros de temperaturas observadas, desde 1850, y este aumento “está distribuido por todo el planeta y es mayor en latitudes septentrionales altas”, afirman los más de 2.400 expertos del IPCC. Las temperaturas del hemisferio norte durante la segunda mitad del siglo XX fueron las más altas de los últimos 1.300 años.

Las cifras hablan por sí solas: el nivel del mar ha aumentado 3,1 milímetros anuales entre 1993 y 2003, los hielos marinos árticos han disminuido en un 2,7% por decenio y los glaciares de montaña y la cubierta de nieve ha descendido en un 7% en el hemisferio norte desde 1900. Las corrientes atmosféricas cambian y la temporada de ciclones tropicales y huracanes en el hemisferio norte ha aumentado desde 1970, según los datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En España las borrascas no han entrado este invierno por el Atlántico, sino que llegan a través de frentes procedentes del centro de Europa y de Siberia, otra anormalidad relacionada con el cambio climático.

Algunas pruebas sobre el cambio climático

  • Agua

Los sistemas naturales de nieve, hielo y terreno congelado, incluido el permafrost, ya muestran alteraciones, como por ejemplo un aumento del número y la extensión de lagos glaciares y más avalanchas de rocas en regiones montañosas por la pérdida de glaciares. Las más de 29.000 series de datos obtenidos de 75 estudios recogidos por los científicos de la ONU muestran que ha aumentado la escorrentía de los ríos, se han adelantado las fechas de caudal máximo primaveral en numerosos ríos alimentados por glaciares y por nieve y se han calentado ríos y lagos de muchas regiones.

La tendencia es que cada vez haya una menor disponibilidad del agua y aumenten las sequías en latitudes medias, y que haya más personas expuestas a un mayor estrés hídrico. Como ha publicado esta semana ‘Nature’, la Antártida también ha registrado un aumento de temperaturas. Además, los cambios en los sistemas árticos y antárticos provoca la llegada de nuevos depredadores.

  • Ecosistemas

Entre los efectos ya palpables del cambio climático en las especies, los científicos del IPCC destacan el adelanto de los procesos primaverales, como el brote temprano de hojas; la alteración en las migraciones de aves o la puesta de huevos; y el desplazamiento de especies vegetales y animales hacia niveles altos del ámbito geográfico.

En los océanos los impactos del calentamiento antropogénico también se perciben, como por ejemplo en el desplazamiento y variación de la abundancia de algas, plancton y peces en latitudes altas; y adelantamiento en las migraciones de peces.

Los arrecifes de coral son otro de los ecosistemas afectados por el calentamiento, y su situación se agrava con la sobreexplotación pesquera y la contaminación. El IPCC apunta a que el 30% de las especies aumentará su riesgo de extinción si la temperatura se incrementa un grado centígrado, que la mayoría de los corales se decolorarán y morirán y que el riesgo de incendios incontrolados asciende.

  • Alimentación

Al igual que los ecosistemas naturales, los cultivos también experimentan alteraciones por el calentamiento. Así, las plantaciones de semillas tienen que realizarse antes y hay daños en zonas forestales por incendios y plagas en el hemisferio norte, según los expertos de la ONU.
El aumento de las temperaturas provoca una disminución de la disponibilidad de recursos hídricos, mayor sequedad en los suelos y por lo tanto mayor demanda de agua para el riego. En esta línea, los científicos del IPCC advierten de la tendencia a una bajada en la productividad de cereales en latitudes bajas.

Los recursos pesqueros también sufren el impacto del cambio climático por alteraciones de las rutas migratorias, lo que afecta a su disponibilidad de alimentos y por lo tanto a su reproducción. El aumento del termómetro del océano afecta a la supervivencia de numerosas especies, incluidas a las pesqueras, y su situación se agrava con la contaminación marina por vertidos y la sobreexplotación.

  • Costas

Los daños en el litoral por el aumento del nivel del mar son ya tangibles en países como Tuvalu, que empieza a contar con los primeros refugiados ambientales. Además los datos muestran la desaparición de ecosistemas costeros, la pérdida de humedales y de manglares, un creciente deterioro del litoral por inundaciones y la intrusión de la cuña salina en deltas. Uno de los impactos más destructivos es la llegada de ciclones y huracanes a las costas. En EEUU llegaron en 2008 por primera vez en la historia seis ciclones tropicales de forma consecutiva, y también por primera vez, tres huracanes de gran intensidad llegaron a Cuba, según los datos de la Organización Meteorológica Mundial.

Además, el año pasado en EEUU fue uno de los diez primeros por el número de víctimas mortales, 123 en total, causadas por tornados desde que empezaron a efectuarse registros fiables en 1953; y de enero a agosto de 2008 se contabilizaron 1.489 tornados, lo que supone un récord con respecto a todas las cifras registradas desde 1953.

  • Salud

Muchas de las enfermedades más mortíferas son sensibles a los cambios climatológicos. Las temperaturas cambiantes pueden modificar las áreas de distribución de los vectores biológicos causantes de la transmisión de las enfermedades.
Algunas de las repercusiones sanitarias del cambio climático ya son manifiestas: aumento del número de muertos por olas de calor, variaciones de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y alteraciones de la distribución de los desastres naturales.
Estas repercusiones afectarán de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables, tales como los niños pequeños, los ancianos, los enfermos, los pobres y las poblaciones aisladas.

Desmontes, consecuencia de la no reglamentación

Artículo publicado en “Ambiente y Medio” el newsletter de Sergio Federovisky.

La sensación de que la ley de bosques –aprobada hace ya más de un año- es una entelequia avanza cada vez más conforme se retrasa su reglamentación y se confirma que los desmontes siguen vigentes aprovechando esa debilidad normativa. La asunción de Homero Bibiloni en la Secretaría de Medio Ambiente brindó la oportunidad para rediscutir el porqué del retraso en la reglamentación, suponiendo que era la inoperancia de su antecesora, Romina Picolotti, lo que determinaba la tardanza. Pero la presunción de que son motivos más políticos que incapacidad de gestión lo que determina que la ley no se reglamente crece cada minuto, más cuando se conoce que gobernadores como Juan Manuel Urtubey, de Salta, que hicieron campaña prometiendo detener la tala, son hoy los más fervientes impulsores de más desmontes aprovechándose del hueco que deja la no reglamentación de la ley de bosques.

Ante el vacío legal y el avance de las topadoras, una docena de caciques de la comunidad wichi presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema para intentar frenar los desmontes en cuatro departamentos de Salta, que representan más de un tercio de la superficie provincial (155 mil kilómetros). Sus abogados presentaron un amparo y una medida cautelar. En la demanda, afirman que los desmontes son “inconstitucionales” y que van a causar un “gravísimo daño” a las comunidades indígenas de la región. Por eso, reclaman la nulidad de las autorizaciones que otorgó el Gobierno provincial y responsabilizan al Estado nacional por la situación actual.

“Además de la nulidad de las autorizaciones, buscamos que se recomponga y se restablezca el ambiente al estado anterior o que se indemnice a las personas afectadas en caso de que aquello sea imposible”, dijo el abogado Raúl Gustavo Ferreyra, quien representa a los indígenas junto a Alicia Oliveira.

La presentación, que cuenta con el apoyo del obispo de Orán, Jorge Rubén Lugones, denuncia que durante el último trimestre del año pasado, previo a la sanción de la ley de Bosques Nativos (en noviembre de 2007), hubo “un abrupto incremento de las audiencias públicas (son obligatorias para más de 300 hectáreas)”. Además, destaca que entre 2004 y 2007 hubo 211 pedidos de autorización para desmontes -que apuntan a la expansión de la frontera agropecuaria- de los cuales 195 fueron aprobados.

Por ese motivo, la medida cautelar intenta frenar los desmontes masivos tanto en tierras privadas como fiscales de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria que ya fueron aprobados pero que aún no se llevaron a cabo. “El paso del tiempo puede provocar que un fallo llegue tarde y resulte prácticamente inoperable, por agotamiento o grave degradación del bosque nativo”, explica la demanda, de 50 carillas.

No es el primer juicio por la tala de árboles en el Chaco salteño. De hecho, hay varias causas que ya llegaron a la Corte luego de transitar distintas instancias judiciales locales. La demanda que llegó al máximo tribunal, no obstante, es la primera que busca ingresar por la instancia originaria de la Corte (de manera directa). Si eso ocurre, podría haber una audiencia pública para discutir el problema, según adelantaron los abogados.

Simultáneamente, Greenpeace –la única de las ONGs que movilizaron hace un año el petitorio que obtuvo un millón de firmas para que los senadores votaran la ley de Bosques que sigue exigiendo públicamente que se reglamente la norma- volvió a reclamar ante el jefe de gabinete Sergio Massa, a quien hacen responsable de la incomprensible demora en la promulgación del decreto reglamentario. La organización ecologista denunció que el gobierno tiene intenciones de reabrir la discusión de la reglamentación con las provincias más comprometidas con la deforestación.

Desmintiendo la versión deslizada por Bibiloni en el sentido de que el retraso por la reglamentación era debido al incumplimiento de la ex secretaria de Medio Ambiente, Greenpeace aseguró que “el borrador de la reglamentación está listo para ser firmado desde julio. El año pasado la demora en la sanción de la Ley de Bosques facilitó que se aprobaran especulativamente muchos desmontes para evitar la moratoria que dicta la norma. La falta de reglamentación debilitará su plena aplicación y generará muchos desmontes más”. Según Greenpeace, el borrador de la reglamentación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley de Bosques) fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, específicamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo del jefe de Gabinete Sergio Massa, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía. La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

La Ley establece un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

“La mayoría de las provincias han avanzado en la realización del Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y están terminando este proceso, cumpliendo con lo que establece la Ley de Bosques, ahora falta que la Nación cumpla su parte y firme el decreto reglamentario. Sin la reglamentación no van a estar los fondos y se debilitará la aplicación de la ley. Es muy preocupante que a un año de que un millón y medio de argentinos impulsaron con sus firmas la sanción de la ley, no haya sido reglamentada. La responsabilidad es del Jefe de Gabinete, quien debe asegurar que el decreto salga antes de fin de año”, afirmó Hernán Giardini, de Greenpeace.

“Lo que se puede ver claramente con las primeras declaraciones del nuevo Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, es que se quiere volver atrás con la reglamentación y ponerla a consideración nuevamente de la provincias, especialmente de aquellas más comprometidas con la deforestación”, explicó Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace Argentina. “Si esto ocurre, será un caso similar al la Ley de Glaciares, donde se buscará que sean las provincias más depredadoras las que impongan la política ambiental nacional.”

A los Kirchner se les va corriendo su maquillaje verde

Mi amigo Hernán Giardini publicó una nota analizando la actuación del actual gobierno en relación al medio ambiente en medio de la salida de Romina Piccolotti de la Secretarìa de medio ambiente.

La renuncia-despido de Romina Picolotti de la Secretaría de Ambiente, la demora en el saneamiento del Riachuelo, el “desencanto” con la Asamblea de Gualeguachú, la falta de reglamentación de la Ley de Bosques, el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares y el fomento a la minería a cielo abierto, son sólo algunos de los varios ejemplos de que el gobierno no tiene política ambiental.


Las últimas medidas gubernamentales están poniendo al descubierto que el gobierno K no cuenta con una política ambiental seria, y que las eventuales medidas tendientes a proteger el medio ambiente que toma responden más a las presiones de la sociedad civil que a un plan de utilización racional de los recursos naturales.

Un claro ejemplo de esto es la reciente renuncia-despido de Romina Picolotti de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que, según dejaron trascender los Kirchner, se debió a que estaban “desilusionados con su desempeño”, y la culpabilizaron por la falta de reglamentación de la Ley de Bosques y la demora en la demora en el saneamiento del Riachuelo.

En cuanto a esto último, en su página de Internet, la Secretaría de Ambiente afirma haber realizado 3.668 inspecciones, 983 relevamientos, 530 sanciones, 591 medidas preventivas, y 102 clausuras preventivas en la cuenca Matanza – Riachuelo, una de la más contaminadas del mundo.

Sin embargo, salvo el cierre de algunas industrias menores, está claro que no se tomaron medidas serias que tiendan a sanear la contaminación ni a frenarla, como por ejemplo, la urgente erradicación del polo petroquímico de Dock Sud que, además de contaminar el río, afecta directamente a los vecinos de Villa Inflamable.

Pero, más allá de la investigación periodística sobre supuestos manejos irregulares en su área y de su capacidad como Secretaria de Ambiente, suena ridículo que desde el Gobierno y algunos medios le estén echando todo el fardo a Picolotti por la falta de resolución de varios temas ambientales.

¿Acaso un funcionario de segunda línea toma decisiones sin consultarlo con su superior? ¿Acaso tomará este funcionario decisiones que afectan grandes intereses económicos sin el respaldo político del presidente o la presidenta?

Cabe recordar que fue el renunciado Jefe de Gabinete Alberto Fernández quien la llevó en julio de 2006 al Gobierno luego de que su nombre cobrara notoriedad como abogada de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú que rechazaban la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos.

Lo cierto es que el nombramiento de Picolotti pareció más una maniobra tendiente a controlar a los exaltados asambleístas que la firme decisión de que “el medio ambiente sea una política de Estado”, como declaró a los gritos Néstor Kirchner en un multitudinario acto en Gualeguaychú del que participaron casi todos los gobernadores del país.

Ahora que la instalación de Botnia es un hecho, y que la Asamblea ya no cuenta con el aval del influyente diario Clarín (que desde hace un año se dedica sistemáticamente a criticarles que mantengan el puente que nos une con Uruguay cortado), es posible que la salida de Picolotti vaya de la mano de un endurecimiento en la política oficial hacia los asambleístas, sobre todo luego de que trascendiera una supuesta promesa de Cristina a su colega Tabaré Vázquez de ordenar el desalojo de esa vía.

Otro ejemplo de la ausencia de política ambiental es la falta de reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques.

La norma, impulsada por el diputado Miguel Bonasso, fue sancionada el 28 de noviembre del año pasado tras una campaña liderada por Greenpeace, de la que participaron más de treinta organizaciones sociales, que logró juntar un millón y medio de firmas. La ley sancionada, que fuera también apoyada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

La ley además establece un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para repartir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, mejorar los controles, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

Lo cierto es que el borrador de la reglamentación ha sido realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, específicamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Sergio Massa, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.

Mientras la mayoría de las provincias han avanzado en la realización del Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y están terminando este proceso, cumpliendo con lo que establece la Ley de Bosques, ahora falta que la Nación cumpla su parte y firme el decreto reglamentario. Sin la reglamentación no van a estar los fondos y se debilitará la aplicación de la ley, generando más deforestación.

Recordemos que nuestro país se encuentra en emergencia forestal: ya perdimos el 70 % de los bosques nativos originales, y por año se desmontan cerca de 300.000 hectáreas. ¿La principal razón? El avance de la soja.

Qué paradoja: el mismo gobierno que quiso aumentar las retenciones a las exportaciones “para detener la sojización” no reglamenta una norma que, de aplicarse bien, puede hacerlo.

Y por si esto fuera poco, llegó el insólito veto presidencial a la Ley de protección de los Glaciares.

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial fue impusada por la diputada Marta Maffei y tiene como objetivo la protección de los mismos, de los cursos de agua que surgen de éstos y del área de alta montaña con suelos congelados.

El proyecto fue promovido por organizaciones ambientalistas el año pasado, teniendo en cuenta que la mayor parte de los glaciares andinos están retrocediendo a ambos lados de la Cordillera de los Andes como consecuencia del Calentamiento Global. En forma simultánea, se promovió una iniciativa de ley similar, en el hermano país trasandino de Chile.

La norma, que pasó casi en silencio por ambas Cámaras y fue aprobada por la mayoría de los legisladores oficialistas, prohíbe la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de arquitectura e infraestructura (inmobiliaria, turismo), la exploración y explotación minera y petrolífera, y el desarrollo de actividades industriales. Además, crea un Inventario Nacional de Glaciares con el fin de estudiar su retroceso y los efectos del Cambio Climático en nuestro país, y establece la necesidad de realizar Estudios de Impacto Ambiental antes de realizar obras que puedan afectarlos.

A pesar de esto, la presidenta decidió vetarla porque, según el decreto 1837/08 (ya conocido como “el decreto Barrick Gold”): “Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias.”

Y, por si quedaba alguna duda de los motivos que llevaron a la presidenta a contradecir el mandato de sus propios legisladores, el decreto afirma que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente.”

Como vemos, a los Kirchner se les va corriendo su maquillaje verde.

Cumpleaños de la Ley de Bosques

Miguel Bonasso, diputado autor de la Ley de Bosques sancionada hace un año escribió una nota en el diario Crítica en relación a la falta de reglamentación de la Ley.

Un cumpleaños amargo

La Ley de Bosques fue sancionada por el Congreso el 28 de noviembre del año pasado. Pero el Ejecutivo todavía no la promulga y reglamenta.

M.Bonasso.

Desde ya les pido perdón a los editores y lectores de este diario por ejercer la insistencia de manera terca y machacona. Pero no me cabe otra. En nuestro querido país, no basta que un legislador proponga una ley y consiga, tras ingentes esfuerzos, que se la voten. Es preciso que abogue después, hasta el cansancio, para que el Poder Ejecutivo la promulgue y la reglamente.

Es el caso de la Ley 26.331, llamada “De Bosques”, que fue sancionada por el
Congreso hace un año. Año que se cumplió el pasado viernes 28 de noviembre. Y seguimos hasta el momento de escribir estas líneas sin el decreto reglamentario del Ejecutivo. En contra, por cierto, de lo que la ley establece en su artículo 42, donde indica que la reglamentación debe producirse en un plazo máximo de noventa días.

O sea que si se reglamentara en el breve lapso que media entre la redacción de esta columna y su ubicación, igual el Gobierno estaría en pecado. Pero no hay indicios de que eso ocurra. Sólo promesas.

Hasta donde sé, la Ley de Bosques está varada en una oficina del Ministerio de conomía. Aunque se encuentra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y por lo tanto prohíbe expresamente nuevos desmontes de bosques nativos, su falta de reglamentación genera confusión (honesta o maliciosa) en las autoridades de aplicación, que son los organismos provinciales. Algunos funcionarios, como el director de Bosques de Entre Ríos, dicen desconocer, por ejemplo, qué escala de multas deberían aplicar a los desmontadores seriales.

Es sintomático que el Ejecutivo defienda a capa y espada el concepto de emergencia económica y no preste atención a la emergencia forestal que estamos padeciendo desde que se desató la fiebre de la soja en la Argentina.
Emergencia que es parte de una situación francamente crítica en casi todos los rubros que hacen a los recursos naturales y la preservación del ambiente. El reciente veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares ejemplifica esta desaprensión en los hechos, que pretende cubrirse con una defensa retórica del ambiente, consagrado como derecho humano fundamental en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Inútiles han sido todos los esfuerzos realizados hasta el presente para que la ley se reglamente. El 29 de julio último, al cumplirse ocho meses desde la promulgación, presentamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que nos explicara cuáles eran las razones por las que no se había reglamentado; cuáles eran los motivos por los que no se había cumplido con el artículo 42 y para que se sirviera explicitar cuál o cuáles fueron los organismos que provocaron el atraso.

Dos meses más tarde, descubrimos que en el proyecto de ley de presupuesto para 2009 no existía ninguna partida destinada a la implementación de la Ley de Bosques. Como algunos lectores interesados en el tema recordarán, cuando el proyecto obtuvo media sanción en Diputados, el Senado le incorporó una cláusula cuyo objetivo era crear un fondo especial para las provincias de mil millones de pesos, destinado a otorgar compensaciones a los productores a los que se les impedía realizar nuevos desmontes. En Diputados estuvimos de acuerdo con la creación de ese fondo, porque pensamos que el daño ambiental que podía seguir produciéndose si no se paraba la tala iba a ser muy superior.

Se comunicó entonces conmigo Romina Picolotti, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para informarme oficiosamente que dispondrían una partida extra de 400 millones de pesos para el citado fondo compensatorio. Era en vísperas de la presentación del jefe de Gabinete Sergio Massa ante la Cámara de Diputados.

El primero de octubre, en el recinto, le pregunté públicamente a Massa por la
falta de reglamentación y sus responsables. Me respondió textualmente: “Probablemente el señor diputado haya tenido suficiente información a partir del diálogo que mantuviera con la secretaria de Política Ambiental. De no ser así, la secretaria sigue a su disposición, tal como lo estuvo hace muy pocos días. Lo que sí quiero que quede claro ante este Parlamento es que la omisión en torno al financiamiento de la Ley de Bosques va a ser saldada con una nota del Poder Ejecutivo a la comisión de Presupuesto y Hacienda en la que quede claro que se trató de una omisión y no de la voluntad de incumplir con una obligación planteada por medio de una ley”.

Repliqué: “En su respuesta, el señor ministro no contestó lo medular de la pregunta. Yo le pregunté por qué no se había reglamentado en 280 días la Ley de Bosques y él se refirió a una comunicación telefónica que la secretaria de Ambiente tuvo conmigo, lo cual es cierto, pero eso no responde qué funcionarios son responsables de no haber reglamentado la ley”.

No era una cuestión baladí, burocrática o administrativa. La no reglamentación en un año va a traer consecuencias judiciales tendientes a obstaculizar los objetivos centrales que buscamos al legislar a favor de nuestros castigados bosques nativos. Esto es así porque la ley estableció una moratoria de un año, en el que no se pueden efectuar nuevos desmontes, hasta que las provincias realicen un ordenamiento territorial.
O sea, para que determinen en qué zonas no puede haber categóricamente desmontes, en cuáles podrían ejecutarse previo estudio de impacto ambiental y la realización de audiencias públicas en las que participen las comunidades interesadas y en cuáles montes pueden actuar las topadoras sin objeciones.

El año de la moratoria ha concluido y no todas las provincias han realizado su ordenamiento territorial. Esto podría dar pie a que los vivos que nunca faltan argumenten que se acabó el tiempo de veda y que pueden volver a desmontar alegremente.

Desde luego que el espíritu protector de la ley lo prohíbe expresamente, pero la demora en la reglamentación, que consumió los 365 días de moratoria, podría dar lugar a diversas presentaciones ante la Justicia. Así lo admiten, sotto voce, en la propia Secretaría de Ambiente, donde a la vez pretenden tranquilizarnos afirmando que es inminente la promulgación del decreto.

Aunque así sea, si sumamos esta indefendible demora a la que hubo en el propio tratamiento de la ley, que comenzó a mediados de 2006, veremos que en el medio perdimos muchas forestas para siempre. Solamente en Salta, en el año del tratamiento de la 26.331, el ecocida Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de 478 mil hectáreas.

Así vamos.

Greenpeace Argentina

Greenpeace Argentina le regaló una torta como para reclamar a Sergio Massa la falta de la reglamentación de la Ley de Bosques luego de pasado un año de su sanción.

Los interesados en sumarse a este reclamo pueden enviarle una postal digital al jefe de Gabinete haciendo click aquí.


Además pueden llamar a su despacho y comentar experiencia en el Blog de Greenpeace

Macri juega sucio

Para tapar las deficiencias de su gestión de residuos sólidos urbanos y el pésimo contrato con las empresas recolectoras que intentó aprobar para la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, lanzó una campaña de “concientización” donde propone a los vecinos porteños “Jugar limpio”.

Justamente eso es lo que jefe de Gobierno porteño no hace.

En respuesta, Greenpeace lanzó esta contra campaña:


Ayudá a Greenpeace a difundirla posteando en tu blog, enviandoselo a tus amigos por email, o compartiendolo en las redes sociales de las que formes parte (Facebook, Sonico, MySpace).

También entrá acá y escribile a Macri y exigile que juegue limpio. Pedile que cumpla la Ley de Basura Cero ya mismo y que termine con la contaminación.

Es hora que nos traten como gente inteligente y dejen de intentar vendernos espejitos de colores.

¿Qué opinás?

El mundo puede detener el combustible fósil para 2090

El Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC) y la organización ambientalista Greenpeace, advirtieron que el mundo puede eliminar el uso de combustibles fósiles para 2090, ahorrando así $18 trillones de dólares en su costo y creando una industria de $360 miles de millones que provea la mitad de la electricidad del mundo.

Un estudio de 210 páginas (ver PDF) es uno de los pocos reportes que observaron en detalle, cómo el uso de la energía deberá ser minuciosamente examinado, encontrándose con los más árduos escenarios para controlar los gases de efecto invernadero delineados por el IPCC.

De acuerdo al estudio titulado [R]evolución Energética, “la energía renovable puede proveer toda la energía que el mundo necesita para 2090. El EREC representa tanto el comercio y la industria de energías renovables, como a las asociaciones comerciales y de investigación europeas.

Desde una perspectiva más radical, se podría eliminar el uso del carbón para 2050, si la nueva generación de plantas energéticas se abocara rápidamente a las energías renovables.
La energía solar; la biomasa, tanto como biocombustibles o madera; la energía geotérmica y la eólica, podrían encabezar las energías para 2090 en reemplazo de los combustibles fósiles, responsabilizados por el IPCC como generadores de calentamiento global.

El total de la inversión en energía para 2030, podría ser de alrededor de $14,7 trillones de dólares, según el mencionado estudio. Contrasta la Agencia Internacional de Energía (IEA), que advierte que las naciones ricas prevén inversiones de sólo $11,3 trillones para el mismo plazo, haciendo foco esencialmente en combustibles fósiles y energía nuclear.

Rajendra Pachauri, líder del IPCC, quien compartió el Premio Nóbel de la Paz en 2007 con Al Gore, categorizó al estudio como “exhaustivo y riguroso”.

Cambio Peligroso

“Incluso aquellos que no concuerden con el análisis presentado podrán, tal vez, sacar provecho de un estudio más profundo de suposiciones subyacentes”, escribió Pachauri en un prefacio al reporte.

EREC y Greenpeace mencionaron que un cambio radical de la energía, es necesario para evitar un dramático cambio climático, cuyo punto de inflexión fue definido por la Unión Europea y varios grupos ambientalistas, como una temperatura máxima de 2 grados Celsius desde antes de la Revolución Industrial.

El reporte exige medidas tales, como el abandono del pago de subsidios para la producción de energía nuclear y fósil, la fijación de objetivos legales para energías renovables y más fuertes estándares de eficiencia para edificios y vehículos.

Las proyecciones son mucho más optimistas para las renovables que la IEA, la cual prevé sólo un 13% de fuentes renovables de energía en 2030, con los combustibles fósiles aún liderando el mercado.

Sven Teske, principal autor de Greenpeace del reporte, recomendó involucrar inversiones en una gran generación de puestos de trabajo, que puedan ayudar a contrarrestar la peor crisis financiera desde 1930. Mencionó también que “la inestable situación actual del mercado es un fuerte argumento para nuestro concepto de evolución energética”, garantizando que las inversiones serían cubiertas con el ahorro en los costos de combustible.

Por último agregó: “Tuvimos una burbuja de las punto.com y una burbuja financiera, pero confío en que no tendremos una burbuja de renovables -ya que la necesidad de energía es real- creciente principalmente en las naciones en desarrollo.